Defensoría del Pueblo respalda la legalidad del decreto del salario mínimo ante Consejo de Estado

La Defensoría del Pueblo presentó una intervención ante el Consejo de Estado para defender la legalidad y constitucionalidad del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026. La intervención fue radicada dentro de la acción de nulidad que cursa contra el Decreto 1469 de 2025 y fue presentada por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.En su concepto ante el alto tribunal, la Defensora explicó que el decreto se ajusta a los parámetros constitucionales y a la jurisprudencia existente, especialmente a lo establecido por una sentencia que señala que, cuando no se logra concertación en la mesa de negociación del salario mínimo, el Gobierno puede fijarlo mediante decreto siempre que tenga en cuenta distintos criterios económicos.Entre estos criterios se encuentran variables como la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la contribución de los salarios al ingreso nacional.No obstante, la entidad enfatizó que la discusión sobre el salario mínimo no puede reducirse únicamente a una cifra. Recordó que la Constitución establece el principio de una remuneración mínima vital y móvil, lo que implica que el salario debe garantizar condiciones de existencia dignas para los trabajadores y sus familias.En esa línea, la Defensoría señaló que el concepto de salario mínimo representa la traducción económica de la dignidad humana del trabajador dentro del Estado social de derecho y constituye una condición material que permite el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales.“El principio de salario digno no solo está consagrado en la Constitución, sino que hace parte del bloque de constitucionalidad a través de instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador, que reconocen el derecho a una remuneración que garantice condiciones de existencia dignas para los trabajadores y sus familias”.La entidad destacó que la fijación del salario mínimo tiene una incidencia directa en millones de hogares colombianos, en especial en trabajadores en condición de vulnerabilidad, madres y padres cabeza de hogar y personas que dependen de este ingreso para garantizar su subsistencia.Por esta razón, subrayó que cualquier decisión judicial que incida en la vigencia del decreto debe considerar no solo variables económicas, sino también la garantía efectiva de los derechos fundamentales y la estabilidad social.

Defensoría del Pueblo respalda la legalidad del decreto del salario mínimo ante Consejo de Estado

La entidad señaló que esta decisión no debe entenderse únicamente como un asunto económico, sino como una discusión relacionada con derechos fundamentales y con la garantía de condiciones de vida dignas para millones de trabajadores en el país.

Salario mínimo

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