La Contraloría General de la República advirtió que el nivel de endeudamiento del Gobierno nacional bajo la administración del presidente Gustavo Petro, aunque no ha vulnerado la regla fiscal vigente, podría afectar la capacidad de pago del país en los próximos años.
Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor general, explicó en entrevista con Mañanas Blu que, pese al cumplimiento de los límites legales, las obligaciones financieras proyectadas para los próximos periodos demandarán un esfuerzo fiscal cada vez mayor.
“El endeudamiento total del Gobierno está hoy en el 57% del PIB, por debajo del tope máximo del 71%, pero el problema es la inflexibilidad del presupuesto”, señaló Zuluaga en entrevista con Néstor Morales. Según el funcionario, el 92% del Presupuesto General de la Nación tiene compromisos fijos, entre ellos el servicio de la deuda, el Sistema General de Participaciones, las pensiones y el gasto de funcionamiento. “Si en 2029 hay que pagar en promedio 7,9 billones de pesos, con solo un 8% de recursos disponibles para inversión, el esfuerzo fiscal será enorme”, advirtió.
Operación de bonos y liquidez del Estado
El informe del ente de control se concentró en dos operaciones recientes de deuda: una en diciembre de 2025, por 23 billones de pesos, y otra en enero de 2026, por cerca de 4.950 millones de dólares. Sobre la primera, la Contraloría aclaró que “no implicó la emisión de nueva deuda”, ya que correspondió a la venta de TES a la firma Pimco, con el propósito de fortalecer la liquidez del Gobierno. Esa transacción cumplió —según el organismo— con todas las normas y autorizaciones legales.
Sin embargo, el panorama cambia con la segunda operación. La emisión de bonos externos por 4.950 millones de dólares registrada en enero de este año sí representa nuevo endeudamiento, destinado a cubrir las necesidades financieras incluidas en el Presupuesto General de la Nación para 2026. “Esa operación está asfixiando la capacidad de pago en los próximos años; si no mejora la economía, podríamos tener cero recursos para inversión social dentro de una década”, afirmó Zuluaga.
El vicecontralor subrayó que la emisión de deuda fue necesaria, en parte, por el bajo nivel de caja con que cerró el Gobierno en diciembre pasado: “A finales de 2025, la caja era apenas de 1,4 billones. No había liquidez suficiente para cumplir todas las obligaciones de pago, por eso se recurrió a la venta del portafolio de TES”.
Riesgos fiscales para 2029, 2031 y 2033
El mayor punto de alerta del informe está en el calendario de pagos de la deuda pública. La Contraloría advierte que entre 2029 y 2033 se concentrarán vencimientos por cerca de 89,6 billones de pesos, correspondientes a bonos globales, TES B (en pesos y en UVR) y Títulos de Solidaridad emitidos durante la pandemia.
“El Estado tendrá que hacer un manejo fiscal muy riguroso si quiere evitar una presión insostenible sobre las finanzas públicas”, advierte el documento. Además, el informe pone de relieve que el crecimiento del gasto en funcionamiento y en la operación estatal también incrementa la rigidez presupuestal. “Del gobierno Duque al gobierno Petro, el costo de funcionamiento subió de 83 a 89 billones de pesos. Si seguimos ampliando el aparato estatal, la flexibilidad del presupuesto se reduce y la deuda se vuelve más pesada de manejar”, advirtió el vicecontralor.
La respuesta del presidente Petro
Desde sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro reaccionó al informe asegurando que su administración no ha incurrido en endeudamiento irresponsable. “El endeudamiento que hicimos no es nueva deuda, solo lo hicimos para pagar la deuda vieja”, escribió el mandatario, insistiendo en que las operaciones recientes están enmarcadas en las normas fiscales y buscan aprovechar la baja en las tasas de interés internacionales.
Zuluaga, no obstante, matizó esa afirmación. “Tiene razón el presidente en que la operación de diciembre no implicó nueva deuda, pero la de enero sí representa endeudamiento adicional. Ambas cumplen la norma fiscal, pero las alertas van al futuro: el país debe prepararse para el peso del servicio de la deuda en los años venideros”.
Un desafío fiscal inmediato
La Contraloría concluye que, aunque el endeudamiento aún se mantiene dentro de límites sostenibles, el margen de maniobra del país es cada vez menor. Un menor recaudo tributario, como el evidenciado en 2025 —cuando los ingresos estuvieron 9,5% por debajo de la meta—, agrava las presiones sobre el gasto público y aumenta el riesgo fiscal.
“Cada gobierno incrementa el endeudamiento y el gasto de funcionamiento, y si no crece la economía al ritmo necesario, los futuros gobiernos tendrán que escoger entre pagar la deuda o invertir en la gente”, resumió el vicecontralor Zuluaga, al insistir en la necesidad de una gestión responsable y sostenida de las finanzas públicas.