Brasil reportó este viernes un récord de 3.650 muertos por coronavirus en 24 horas, en medio de una descontrolada pandemia que ya dejó más de 307.000 fallecidos en el país, informó el Ministerio de Salud.Desde mediados de febrero, Brasil registra una seguidilla de nuevos récords de muertes y contagios diarios y superó por primera vez la marca de los 3.000 óbitos en 24 horas el martes pasado. El promedio de fallecimientos en siete días es actualmente de 2.400, más del triple que a inicios de enero (703).El balance también mostró el viernes que 84.245 personas se contagiaron de coronavirus en las últimas 24 horas, sumando un total de 12,4 millones desde el primer caso registrado en febrero de 2020. El jueves, el número de infectados superó por primera vez los 100.000 en un día.Con 212 millones de habitantes, Brasil es el segundo país con mayor número de fallecidos y contagios por COVID-19, superado únicamente por Estados Unidos.La segunda ola de la pandemia parece sin freno, con una vacunación que avanza a pasos lentos, hospitales al borde del colapso y crecientes presiones sobre el gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro para resolver la crisis sanitaria, que amenaza con paralizar nuevamente la economía.Varios estados, entre ellos Sao Paulo y Rio de Janeiro, decretaron un feriado por diez días a partir de este viernes 26 hasta el 4 de abril, para disminuir los desplazamientos.En tanto, fabricantes de autos como Nissan, Toyota y Renault anunciaron una parada de 10 a 15 días en algunas de sus plantas para evitar la propagación del virus entre sus trabajadores, al igual que Volkswagen y Mercedes-Benz.El gobierno intenta acelerar la vacunación, con el objetivo de inocular al menos un millón de personas por día, según anunció el nuevo ministro de Salud, Marcelo Queiroga.En total 12,64 millones de brasileños fueron vacunados hasta ahora, apenas un 5,9% de la población. Entre ellos, 3,92 millones recibieron la segunda dosis.
En diálogo con Blu Radio, la alcaldesa de Tarazá, Gladis Miguel, dijo que el mayor impacto de la contingencia en ese municipio fue en el aspecto económico, pues, aunque la situación no cobró vidas, sí cambió las dinámicas de los pobladores.“Inicialmente, tuvimos unas 8.000 personas en albergues, la atención fue prestada gracias a EPM, la Gobernación, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Dapard, Cruz Roja y todo lo que tiene que ver con el gobierno municipal. Fuimos atendidos bajo esa zozobra preparando a la comunidad para otra contingencia”, dijo la mandataria.Los proyectos productivos de habitantes de Puerto Antioquia y El 12 fueron afectados, al igual que algunas viviendas. El puente que comunica a dos corregimientos también quedó averiado.Le puede interesar: La solución completa para Hidroituango puede tardar tres años: EPM“Estamos esperando a ver cómo sigue lo de Hidroituango para hacer un mejoramiento por parte de Invías”, señaló la alcaldesa.Tarazá tiene 45.000 habitantes, 20.000 de ellos en la parte urbana. El municipio ha sido golpeado por la tensa situación de orden público producto de las disputas de grupos ilegales.“Este año se han presentado dos desplazamientos masivos. Uno en enero y otro en Semana Santa, la mayoría se ha ido para Medellín o a municipios de la costa”, dijo la mandataria.Escuche la entrevista:
A un año de que comenzara la crisis en el proyecto Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín estima que la recuperación de la megaobra tarde por lo menos tres años.En entrevista con Blu Radio, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, explicó que ya se han mitigado algunos riesgos, pero aún falta el taponamiento técnico de los túneles de desviación, lo que una vez terminado permitiría que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo levante la alerta roja sobre el corregimiento de Puerto Valdivia.“El trabajo que se hizo sobre la presa es muy importante. Ya se retomó su construcción por encima de la cota 418. Ya con el cierre de las compuertas evitamos el segundo gran riesgo que era toda la afectación que había en la zona de captación al interior de casa de máquinas y en este momento estamos muy concentrados en hacer el taponamiento técnico y allí todavía existe un factor de riesgo”, explicó Londoño.Le puede interesar: Gobernador reiteró a EPM que debe pagar costor por contingencia en HidroituangoEl gerente añadió que se espera que dos unidades de la hidroeléctrica comiencen a funcionar en 2021, en el año siguiente otras dos y así hasta 2024.Frente al deslizamiento que se presentó este fin de semana cerca del embalse, Londoño dijo que se está haciendo la evaluación de cómo pudo haber afectado una de las líneas de transmisión en el proyecto.Escuche la entrevista:
Un año después de la contingencia en Hidroituango, la comunidad de Puerto Valdivia aún no se recupera de la creciente que obligó a la evacuación de toda una población. Ahora todos los sectores registran pérdidas millonarias y piden apoyo del Gobierno Nacional.Después de un año de la emergencia en el proyecto hidroeléctrico hay un común denominador en el casco urbano del corregimiento de Puerto Valdivia: almacenes, bares, droguerías y restaurantes en completa soledad.Los comerciantes reabrieron sus negocios en diciembre de 2018, luego de seis meses de haberlos dejado abandonados, pero solo ha traído pérdidas.Marceliano Barragán, propietario de un almacén de ropa, no entiende por qué, si Puerto Valdivia aún está en alerta roja, los organismos de emergencia permiten el retorno de la zona comercial, pero no de la mayoría de las viviendas, que hace que los sectores de la economía sean productivos.“Nos encontramos muy abandonados por el proyecto Hidroituango y el Gobierno nacional. La parte comerciante que éramos más de 3.000 ahora somos 1.000”, manifestó Barragán.Lea también: La lucha de los pescadores por sobrevivir en Puerto ValdiviaSi antes se vendía diariamente hasta un millón de pesos, ahora esa cifra solo alcanza 100.000, lo que vale un pantalón y una camiseta. Después de un año siguen clamando apoyo del Gobierno Nacional.Ahora nadie quiere comprar en Puerto ValdiviaTras un año de la inundación, numerosas casas están en venta o arriendo, pero están devaluadas hasta un 60%. El arriendo de una vivienda que antes valía 280.000 pesos ahora está en 150.000.Sobre la carretera principal están ubicada las casas de propiedad de la familia de Blanca Arroyave, quienes han vivido toda su vida en Puerto Valdivia. En su interior hay tres alcobas, sala comedor, cocina y baño, de las más amplias del sector.Vea además: Hidroituango: un año de la emergencia que cambió la vida de miles de personasEn abril de 2018, las casas fueron puestas en venta por un valor de 80 millones, inició la contingencia de Hidroituango, y un año después no ha aparecido el primer interesado en la compra pese a que ahora se están pidiendo 30 millones.Mientras en el corregimiento el valor de los arriendos disminuyó hasta un 60%, en el municipio de Valdivia, en la parte alta de la montaña y donde están alojados la mayoría de los evacuados, el alquiler aumentó casi al doble.
Un ataque con dron contra un camión que transportaba personas hacia un funeral dejó 40 muertos el martes en la región de Kordofán, en Sudán, informaron el miércoles a AFP una fuente médica y un testigo.La guerra implacable que enfrenta desde 2023 a antiguos aliados se intensificó en los últimos meses con la multiplicación de ataques mortales con drones contra zonas residenciales densamente pobladas, escuelas u hospitales.Kordofán, región crucial para el control de Sudán, está en el centro de los intensos combates entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), con anuncios diarios de bombardeos y balances sangrientos.El martes, "40 personas, en su mayoría mujeres, murieron cuando un camión fue alcanzado por un ataque de dron entre Abu Zubayd y Al Fula", dos ciudades situadas en el oeste de Kordofán, indicó una fuente médica.Los pasajeros, muchos de ellos de la misma familia, "se dirigían a Al Fula para presentar sus condolencias" después de un ataque que había golpeado el domingo el mercado de una localidad cercana, en esta zona controlada por los paramilitares, según un testigo contactado por AFP.Ni el testigo ni la fuente médica pudieron precisar el origen del ataque con dron del martes.El 8 de marzo, ataques con drones atribuidos al ejército dejaron 33 muertos y 59 heridos en los mercados de Abu Zabad y Wad Banda, según un médico del hospital local contactado por AFP.Ese mismo día, otro ataque con dron, también atribuido al ejército, mató a 11 personas e hirió a 20 en un mercado de Nyala, la capital regional de Darfur donde tiene su sede la administración paralela de las RSF, según un comunicado de Médicos Sin Fronteras Sudán.Las autoridades civiles de Darfur del Sur denunciaron ese ataque con dron y hablaron de 10 muertos, pero AFP no pudo confirmar esa información con fuentes independientes en esta zona inaccesible controlada por las RSF.
La audiencia de medida de aseguramiento contra Juan David Taboada, alias ‘Tata’, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de las hermanas Sheridan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17 años, se reanudó este martes 10 de marzo en medio de revelaciones que siguen generando conmoción. Durante la diligencia, la Fiscalía expuso nuevos elementos que apuntan a la presunta participación del procesado en el crimen ocurrido tras la desaparición de las adolescentes.Según el ente acusador, las menores habrían sido asesinadas el 18 de febrero, apenas un día después de que se reportara su desaparición. Pese a ello, los presuntos responsables habrían mantenido durante casi una semana un contacto engañoso con la familia, simulando que las jóvenes seguían con vida con el fin de exigir dinero por una supuesta liberación.De acuerdo con la investigación, los mensajes enviados a la madre de las víctimas solicitaban pagos que iban desde 5 hasta 50 millones de pesos. Durante la audiencia, la representante de la Defensoría del Pueblo que acompaña a la familia rompió en llanto al describir la gravedad de los hechos, señalando que el caso estaría marcado por una desaparición forzada, el posterior hallazgo de los cuerpos en una fosa común y graves actos de violencia contra las menores."Esto es un dolor, su señoría. Esta pérdida se agrava por el horror de la circunstancia: una desaparición, un entierro en una fosa, y la violencia física extrema que se ejerció sobre estas menores. No puedo dejar de hablar de la víctima porque represento los intereses de la víctima y esto es un impacto para esos padres", aseguró entre lágrimas. Por su parte, la defensa de alias ‘Tata’, encabezada por el abogado Juan José Roldán, solicitó que su cliente sea dejado en libertad o que se le otorgue detención domiciliaria. El jurista argumentó que no se configuraría el delito de secuestro, debido a que, según la propia investigación, las víctimas ya habrían fallecido cuando se enviaron los mensajes extorsivos. Tras escuchar a las partes y revisar las pruebas presentadas, entre ellas chats y declaraciones de otros implicados, el juez de control de garantías anunció que la decisión sobre la medida de aseguramiento se conocerá el martes 17 de marzo a las 8:00 de la mañana.
Por varias horas la comunidad del barrio San Nicolás, en el centro de Cali, tuvo que permanecer encerrada en sus casas, evitando a toda costa que algún interno del centro de reclusión transitoria lograra escabullirse, luego de la fuga de varios privados de la libertad de este sitio.Desde las ventanas, los vecinos registraron el plan candado realizado por la Policía Metropolitana, donde se evidenciaba el despliegue de los uniformados en todo el barrio, para dar con el paradero de los fugados, quienes al parecer habrían intentado salir del lugar por el techo.Lo que indican las autoridades es que la situación logró ser controlada rápidamente, con la recaptura de los sindicados que lograron fugarse, sin embargo se están realizando conteos para identificar si alguna persona logró evadir a los uniformados.Ante lo ocurrido el personero de Cali, Gerardo Mendoza, pidió claridad sobre los controles de seguridad que se están implementando en este centro, teniendo en cuenta que no es la primera fuga que ocurre en el lugar."Hemos recibido denuncias ciudadanas que alertan sobre una presunta fuga de personas que se encontraban en calidad de detenidas en el centro de reclusión del barrio San Nicolás. Como Ministerio Público hemos activado nuestras funciones de vigilancia preventiva para conocer lo ocurrido, establecer responsabilidades y verificar que se estén adoptando las medidas necesarias", aseguró Mendoza.Las autoridades se encuentran haciendo patrullajes constantes en los alrededores del centro de detención transitoria, verificando que no haya otro intento de fuga.Según la Policía, fue solo un interno el que intentó escapar del centro de San Nicolás, y gracias a la información oportuna que recibió anoche por parte de la comunidad, se logró frustrar la situación, evitando así algún amotinamiento u otra alteración al orden."Esta persona que intentó fugarse es un hombre de 33 años de edad, el cua se encuentra sindicado por el delito de violencia intrafamiliar", indicó el coronel Andrés Arias, comandante operativo de la Policía de Cali.
Las quejas de campesinos y propietarios rurales por el fuerte aumento en el impuesto predial en varios municipios de Santander llevaron a la Gobernación departamental a solicitar información al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y a las alcaldías para verificar cómo se están aplicando estos incrementos.Según denuncias de comunidades rurales, en al menos 68 de los 87 municipios del departamento se han registrado aumentos considerables en el valor del impuesto predial para la vigencia 2026, lo que ha generado preocupación entre los contribuyentes, especialmente en el sector campesino.Omar Ballesteros, presidente de los paneleros de Santander, aseguró que en algunos casos los incrementos han sido desproporcionados y afectan la capacidad de pago de los productores rurales.“La zozobra que nos genera es que son exageradamente altos. En el municipio de Palmas del Socorro el mínimo ha sido de 750 % y el máximo de 6.500 %, lo que nos genera es que no podemos cumplir con estas obligaciones”, señaló el dirigente.La situación se presenta luego de la expedición de la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025 del IGAC, mediante la cual se da aplicación al artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 y a la Resolución 1912 de 2024, que establecen los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales en zonas rurales de algunos municipios del país para la vigencia 2026.Esta medida busca actualizar el avalúo catastral de predios que no habían sido revisados durante varios años, lo que en algunos casos ha generado aumentos significativos en el valor del impuesto predial.El abogado experto en propiedad raíz, Juan Manuel Álvarez, explicó que estos procesos responden a la necesidad de reducir el rezago en la actualización catastral.“Teníamos un rezago bastante alto de varios años y el objetivo es poder hacer esta actualización en términos de precios en los ítems jurídicos, económicos y prediales”, indicó.Ante las inquietudes manifestadas por los ciudadanos, la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Planeación Departamental, liderada por Diego Tamayo, se enviaron comunicaciones oficiales al IGAC y a las alcaldías municipales para conocer en detalle cómo se están determinando los avalúos catastrales y cómo se están aplicando los incrementos del impuesto predial.“Sabemos que el incremento del impuesto predial está afectando el bolsillo de muchos santandereanos. Por eso estamos solicitando información al IGAC y a las alcaldías para tener claridad sobre cómo se han generado estos incrementos, si hubo socialización con la ciudadanía y si se está cumpliendo lo que establece la ley”, señaló Tamayo.El funcionario recordó que, aunque el impuesto predial es un tributo de carácter municipal cuya determinación corresponde a cada alcaldía, la normativa nacional establece límites para proteger a los contribuyentes.La Gobernación también solicitó a las administraciones municipales informar si recientemente se han adelantado procesos de actualización catastral y qué medidas se están aplicando para garantizar que los aumentos del impuesto se ajusten a los límites legales.Mientras tanto, al IGAC se le pidió explicar el procedimiento técnico y normativo utilizado para la determinación de los avalúos catastrales en los municipios donde actúa como gestor catastral, así como los mecanismos de revisión y control implementados durante estos procesos.
El atraso en los trámites del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, volvió a encender las alertas en el sector farmacéutico. Gremios y expertos señalaron que actualmente hay 12.470 solicitudes represadas, lo que está aumentando los tiempos para aprobar nuevos medicamentos en Colombia.La situación fue analizada durante el encuentro Perspectivas Sanitarias en Colombia, organizado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), junto con FIFARMA y la Cámara de Comercio Colombo Americana, donde participaron representantes del sector público y privado.Según las cifras presentadas en el evento, el tiempo promedio para aprobar nuevos registros pasó de 22 meses en 2024 a 29 meses en 2025, uno de los más altos de la región. Además, se advirtió que algunos medicamentos innovadores pueden tardar hasta cinco años en estar disponibles en el país después de haber sido autorizados por agencias internacionales.Durante la discusión también se expuso que en 2025 el 45 % de las solicitudes para nuevos medicamentos contra el cáncer fueron negadas, mientras que en tratamientos para enfermedades huérfanas la cifra llegó al 50 %.Los gremios indicaron que el 83 % de los medicamentos rechazados entre 2017 y 2024 ya contaban con aprobación de autoridades sanitarias internacionales, por lo que plantearon que el Invima podría apoyarse en esas evaluaciones para reducir los tiempos de revisión.Otro de los temas que se mencionó fue la situación presupuestal de la entidad. De acuerdo con los participantes, entre 2023 y 2025 el Invima registró recortes cercanos al 30 %, lo que ha afectado su capacidad operativa.En el encuentro también se presentó un documento con propuestas para modernizar la entidad, entre ellas actualizar las normas que regulan su funcionamiento, establecer plazos más claros para los trámites y fortalecer herramientas tecnológicas que permitan agilizar los procesos.Los organizadores señalaron que estas medidas buscan mejorar los tiempos de evaluación y facilitar la llegada de nuevos tratamientos al país, manteniendo los controles sanitarios sobre los medicamentos que se comercializan en Colombia.
Se cumple un año de la coyuntura en Hidroituango, que cambió completamente los planes trazados para esa megaobra y la vida de las comunidades en su área de influencia. Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, manifestó que lo más importante logrado hasta la fecha es la disminución de riesgo en el proyecto, pues la posibilidad tanto de una avalancha como de una creciente son mínimas y lo que sigue ahora es continuar en la recuperación de la obra para garantizar la tranquilidad de las personas aguas abajo y la operación de la hidroeléctrica. “En cuanto a lo técnico tenemos varios frentes de trabajo, realzar la presa, taponar los túneles de desviación, abrir la descarga intermedia y reparar casa de máquinas. En lo social estamos esperando levantar la alerta roja para permitir así el retorno de las familias evacuadas, así como la reconstrucción de los puentes dañados por la avalancha”, explicó de la Cuesta. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó que 12 meses después de la primera emergencia, no se ha perdido una sola vida humana, esto gracias a las medidas tomadas tanto en la obra como en las poblaciones ubicadas en zona de influencia. Le puede interesar: El día en el que los planes de Hidroituango cambiaron Por su parte, Gustavo Jiménez, gerente de EPM, señaló que en este momento comienza de nuevo a edificarse el proyecto, esto dentro de un cronograma planteado para que la operación de al menos dos máquinas en el segundo semestre de 2021. Agregó que también se debe trabajar en atender todas las investigaciones que enfrenta la construcción. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, indicó que, justo este domingo, presentará un informe detallado de la situación actual del proyecto, esto luego de una semana de revisión con varios representantes de dependencias departamentales, quienes entregarán balances sobre lo técnico, social y ambiental. “Esta es una obra que va a tener unas investigaciones muy fuertes no solo ahora sino en los próximos 5 o 10 años", afirmó Pérez. Vea además: Los retos de Hidroituango un año después de la contingencia
Este domingo en el Bajo Cauca muchos ven el río y recuerdan cómo hace un año empezaron los problemas con la megaobra y aún no terminan. Aunque muchos de los habitantes pensaban salir a marchas a las calles para exigir reparación a los males causados, Isabel Zuleta, del movimiento Ríos Vivos, denunció que no hay condiciones de seguridad para hacerlo.“Es una gran preocupación para nosotros que no nos sea posible protestar porque no hay condiciones de seguridad, cómo es posible que en el Bajo Cauca, Cáceres y Tarazá no podamos protestar y salir a hacer nuestra manifestación”, manifestó Zuleta.Le puede interesar: El día en el que los planes de Hidroituango cambiaronDesde Ríos Vivos insisten en que ha pasado un año y desde Hidroituango aún no hay soluciones claras para pescadores, familias albergadas y menos para el daño ambiental al río.
Ya se cumple un año de la primera gran emergencia del proyecto Hidroituango, cuando se taponó el túnel de desviación, el mismo que el 12 de mayo se destaponó y causó una creciente en el río Cauca que destruyó puentes y casas en el corregimiento de Puerto Valdivia.Jorge Londoño, gerente de EPM, habló sobre los retos que hoy enfrenta el proyecto que, en medio de investigaciones y planes de emergencia, busca operar con normalidad y a su vez devolverles la tranquilidad a los habitantes aguas abajo de la presa.“Hay cuatro grandes frentes: realzar la presa, taponar los túneles de desviación, abrir la descarga intermedia y consolidar casa de máquinas y repararla”, dijo.Le puede interesar: Casa de máquinas está desinundada: EPMFrente al tema social, el gerente dijo que esperan que, una vez baje la alerta roja, regresen a sus hogares más de mil familias que están evacuadas y reconstruir la infraestructura afectada por la creciente, especialmente en el corregimiento de Puerto Valdivia.EPM anunció en las últimas horas un derrumbe ocurrido en la mañana del viernes en el sector izquierdo del embalse del Hidroituango, a dos kilómetros del proyecto, según la empresa, debido a la temporada de lluvias. Además, no representaría riesgo para la comunidad.
En un cuarto permanecen arrumadas las atarrayas de los pescadores de Puerto Valdivia por la baja cantidad de peces, según ellos, por la contingencia de Hidroituango y que, aseguran, mató al río Cauca.De 250 peces al día, el promedio ahora es de 20 y algunos pescadores han tenido que buscar otros trabajos.El año pasado solo bastaba una hora por día para que quienes viven del río Cauca en Puerto Valdivia tuvieran en sus lanchas entre 200 y 250 pescados.Luego del cierre de las compuertas de Hidroituango que disminuyó el nivel del afluente con cifras históricas, el panorama es diferente. Estos hombres permanecen ahora a orillas del río, caminando, mirando sus anzuelos que llevan tres días sin coger su presa.Le puede interesar: Hidroituango: un año de la emergencia que cambió la vida de miles de personasEste sector ha ido desapareciendo poco a poco desde que inició la contingencia que ya cumple un año. Un pequeño cuarto destruido por la creciente del río el 12 de mayo es el lugar donde ya permanecen las redes de pesca y las canoas la mayor parte del tiempo.“Antes de la contingencia cogíamos cantidad de animales, ahora en totalidad no se coge absolutamente para nada ni para comercializar. El monitoreo del río afecta mucho también los anzuelos y los tramayos, estaban arrumados en piezas”, dijo Jesús Cárdenas, uno de los pescadores, quien tuvo que emplearse en una carnicería para sobrevivir.Con la esperanza de recolectar algunos pescados, Jesús lanza una vez más la red, un minuto después solo obtuvo tres de tipo comelones.
El canto de los pájaros se mezcla con el sonido del imponente río Cauca sobre Puerto Valdivia. Los niños jugando, los caballos galopeando y la música de las grabadoras no se volvieron a escuchar en la parte baja del corregimiento, a orillas del río, donde ya se cumple un año de evacuación por la contingencia en Hidroituango.Normandina Cuadros tiene 65 años y vive desde hace 18 en Puerto Valdivia, tiene una improvisada fábrica de arepas que hasta hace 12 meses distribuía en toda población.El 12 de mayo de 2018 tuvo que salir de su casa corriendo con sus tres hijos y nietos. Desde hace 4 meses pudo regresar, su casa es el límite entre las familias que pueden retornar y quienes no.Le puede interesar: Lluvias provocan deslizamiento en embalse de Hidroituango“Nos hacían levantar a cualquier hora de la noche lloviendo para un estadero alto. Ese día era la misa de las mamás muertas y yo miré para el lado de la iglesia y vi que el agua del Cauca estaba entrando por las ventanas de una casa”.Ahora, sus vecinos están fuera de Puerto Valdivia. Algunos permanecen autoalbergados en Yarumal, Medellin o Briceño lo que significó que, así como varias casas aledañas se derrumbaron, también se desmoronó su negocio de arepas.
Empresas Públicas de Medellín informó de un nuevo deslizamiento de tierra en la madrugada de este viernes, en el sector izquierdo del embalse de Hidroituango.Según la empresa, el deslizamiento está a dos kilómetros del embalse, cerca de la quebrada Burundá, al otro lado de la captación de casa de máquinas.Le puede interesar: Panorama en Puerto Valdivia un año después de la primera emergencia en HidroituangoEn el comunicado, EPM asegura que el deslizamiento se debe a la temporada de lluvias que afronta el país porque "con estos episodios climáticos saturan los suelos y donde las laderas son muy pendientes, (...), es previsible que ocurran este tipo de hechos."La empresa evalúa la posible afectación a una lancha de un particular", e insiste EPM en que este deslizamiento no representa riesgos para la comunidad, ni para el proyecto.
La Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la ANLA son las instituciones que tienen en sus despachos miles de folios en investigaciones contra EPM, Hidroituango y los involucrados en contratos y adjudicaciones de la megaobra.Procesos en la ANLAHidroituango tiene licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente en enero de 2009 y, desde la creación de la ANLA en 2011, es esta última la encargada de velar por su cumplimiento. En esta entidad hay cerca de 12 procesos en curso, de los cuales dos ya tienen una sanción contra los dueños de la obra.La primera es una multa de 2.419 millones de pesos por malos manejos ambientales en obras de la vía San Andrés de Cuerquia - El Valle, lo que hizo que se instalaran dos plantas, una de trituración y otra de concreto, sin permiso.La segunda multa es de 2013 por más de 4.000 millones de pesos por la obstrucción de la quebrada el Tenche, justo en la zona donde están los túneles de desviación del río Cauca.Le puede interesar: Panorama de Puerto Valdivia una semana después de la primera emergencia en HidroituangoLos diez procesos restantes están en indagación, proceso sancionatorio, formulación de cargos o etapa probatoria.Lo que investiga la FiscalíaEl 27 de febrero la Fiscalía calificó de “El Pecado Original” la investigación en el caso de Hidroituango. Ese día el propio fiscal Néstor Humberto Martínez anunció dos líneas de investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación. Las primeras pesquisas son por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato BOOMT, con el que EPM se convirtió en el constructor de la obra. En este caso, Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de Hidroituango S.A. y a Luis Javier Vélez Duque, gerente de la filial EPM Ituango (cargos al momento de la adjudicación del contrato) fueron llamadas a imputación de cargos. Además, 8 exmiembros de junta directiva están citados a interrogatorio el próximo 30 de abril.El segundo eje de investigaciones en la Fiscalía es por los daños ambientales al río Cauca. En este caso el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta deberá presentarse a una audiencia de medidas urgentes el próximo 6 de mayo en los juzgados penales municipales con control de garantías en Bogotá.Lea también: Casa de máquinas está desinundada: EPMEn Contraloría y Procuraduría hay 13 funcionarios y exfuncionarios investigadosEntre la Procuraduría y la Contraloría se analizan más de 30 contratos con posible riesgo fiscal y dos imputaciones penales por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.En la Procuraduría los procesos están en la fase de indagación preliminar y este ente de control tiene la lupa en las decisiones administrativas y ambientales del proyecto. En este caso hay 13 funcionarios y exfuncionarios involucrados, entre ellos, actuales gerentes y directivas de EPM; también anteriores, como Juan Esteban Calle. Además, investigan las actuaciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez.En la Contraloría ya se determinó 35 hallazgos con presunta responsabilidad disciplinaria y ocho, además, con presunta connotación penal. Estos últimos por supuestas irregularidades en el manejo de material de construcción sobre quebradas y el comienzo de obras por fuera de la licencia ambiental.Por parte de ese ente hay un control excepcional a Hidroituango que espera definir el futuro de las investigaciones en septiembre de 2019.Las investigaciones fueron trasladadas al despacho del propio contralor Felipe Córdoba que dispuso de investigadores que se encargaron de Reficar para que sean ellos mismos los que determinen qué pasó en Hidroituango, para lo que revisan hasta 200 contratos.
Locales cerrados, viviendas abandonadas y calles desoladas es el panorama actual en el corregimiento de puerto Valdivia en Antioquia.Luz Marleny Morales es madre cabeza de familia y sobrevive desde hace tres años vendiendo jugo de naranja a solo dos cuadras del río Cauca. Ella, desde aquel 28 de abril de 2018 cuando ocurrió el primer derrumbe en el proyecto, no ha podido vivir tranquila con miedo a que el afluente arrase con todo.Las ventas disminuyeron en casi un 80 por ciento, pues muchos habitantes no han regresado y luego de un año Puerto Valdivia aún está en alerta roja.Le puede interesar: Casa de máquinas está desinundada: EPM“Antes de la emergencia yo me hacía en el día de 50 a 60 mil diarios. Y ahora no soy capaz, cuando hago mucho son 12 mil pesos”, relató.Luz Marleny estuvo evacuada durante seis meses, tiempo en el que tuvo que desplazarse al municipio de Valdivia, a cambiar su vida y la de sus hijos que tuvieron que ingresar a un nuevo colegio. Pese a que pudieron regresar desde diciembre del año pasado, la zozobra continúa pues temen que en cuestión de minutos el corregimiento quede 70 metros bajo el agua.“Yo ya me siento tan decepcionada de la vida que me dan ganas de recoger todas mis cositas e irme, no se para dónde. A cualquier hora dicen qué hay que salir corriendo otra vez, entonces a mí me toca dejar todo para volver a salir para arriba a llevar del bulto”.
Desde el interior del corazón del proyecto, las directivas de EPM confirmaron que, pese a que en mayo de 2018 lograron sacar algunos equipos de casa de máquinas antes de inundarla, las pérdidas de lo que quedó allí dentro podrían costar 110 millones de dólares. El vicepresidente, John Maya, explicó que cuando ocurrió la contingencia en el proyecto había dos turbinas de generación casi listas, una en 85 por ciento y otra en 60 por ciento, por lo que el avance general del proyecto estaba en 87 por ciento. Vea también: Pese a Hidroituango, EPM generó transferencias por 1,3 billones de pesos a Medellín Ahora, debido a las contingencias, el avance del proyecto está en 77 por ciento. Además, anunciaron que el próximo lunes una firma canadiense iniciará un estudio internacional para determinar la seguridad de las condiciones de casa de máquinas.
Fueron 20 las fotografías reveladas por EPM, en las que se observa gran parte de casa de máquinas, donde avanza la segunda etapa de desinundación y limpieza. De allí han sido retiradas 355 toneladas de roca, incluyendo una de gran tamaño y siete toneladas de peso. El alcalde Federico Gutiérrez explicó que hay daños en la parte baja y en la maquinaria, como era previsible, pero son recuperables y confirmó que la infraestructura principal de la caverna se encuentra en buen estado.Le puede interesar: Este es el actual estado de la casa de máquinas de Hidroituango “Pero lo más importante es el estado de la caverna, que estuvo expuesta a grandes presiones porque estuvo inundada y presurizada. Vemos que la caverna sigue en pie y lo otro es trabajo de recuperación”, explicó el alcalde. Con el panorama que se observa en las fotos, de rocas, carillas y empalizadas, se confirma que la recuperación no será en tres meses sino en ocho meses.Lea también: EPM pronostica que limpieza de casa de máquinas de Hidroituango tardará hasta 8 meses
Durante el anuncio de la publicación de su segundo libro sobre Hidroituango, que será la próxima semana, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, volvió a cuestionar a EPM sobre las decisiones relacionadas con el proyecto. “El peor favor que se le hace a Empresas Públicas de Medellín o a cualquier otra empresa del mundo es aplaudir cuando se equivoca. No hay error más grave que ese. Si uno quiere destruir una empresa, simplemente tápele errores y aplauda cada que se equivoca”, dijo el gobernador quien aseguró que en su próximo libro dirá si los túneles, en especial el que colapsó en abril de 2018, tenía o no diseños correctos y si la loza o el piso no se hizo por falta de información o por errores constructivos. “De nada sirve ser farsantes, la verdad es la que nos saca adelante”, agregó Luis Pérez quien cuestionó por qué la ingeniería y los constructores en Colombia pidieron castigos e investigaciones para los constructores de Space en Medellín, del puente Chirajara en el Meta o del puente Hisgaura en Santander y no han hecho, según él, pronunciamientos de fondo en el caso de Hidroituango. Lea además: Estudio de Skava me da la razón sobre Hidroituango: Luis Pérez En esta oportunidad, el gobernador lanzó cifras. “Mientras más estemos desunidos para empezar a recuperar a Hidroituango, más nos va a costar (…) cierren los ojos y despierten en un año cuando digan: el balance de EPM es de 5 billones de pesos de pérdidas, tenemos que adelantarnos para que eso ojalá no ocurra”. Finalmente, Pérez insiste en que en Hidroituango hay errores graves y que EPM está ocultando información relacionada con la megaobra.
Se conocieron nuevas imágenes de la casa de máquinas del proyecto Hidroituango.Esta vez se observa que el nivel del agua ha bajado de manera considerable hasta el punto de dejar ver el área de las gigantescas turbinas que ya estaban instaladas antes de inundar la caverna y ahora parecen estar un poco afectadas, pues se aprecian partes desmontadas.En las imágenes se ve que también hay espacios con sedimentos o pequeños escombros, sin embargo, se logra apreciar que el interior de la estructura se mantiene intacta. Le puede interesar: El protocolo que deben cumplir empleados para ingresar a casa de máquinas“En esto lo que va apareciendo son pedazos de madera, pedazos de concreto, seguramente los de mucha maquinaria que estaba allí. No solo estaban turbinas sino que había muchas cajas y maquinaria instalada y todo eso debió haber sido destruido por el agua y era muy predecible”, apuntó Ordóñez.Según EPM, todos los días están entrando grupos de expertos en geología, ingenieros y de seguridad industrial para los cuales se implementó una serie de protocolos con el fin de proteger a los encargados de verificar el estado de esta estructura. Diariamente ingresan entre cinco o seis personas que fueron, incluso, vacunadas contra la fiebre amarilla, el tétano y otras enfermedades de manera preventiva.
El ingeniero civil Óscar Puerta aseguró en diálogo con Blu Radio que se necesita un diagnóstico más completo sobre el megaproyecto Hidroituango, según lo requerido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. “Esto es una hipótesis de una causa más probable, puede haber otras que sean igualmente probables y vendrá seguramente un estudio de pares técnicos que permita contradecir o no el informe de Skava”, anotó. De acuerdo con el experto, Skava Consulting tiene bastante experiencia en el tema de túneles, pero no en un estudio más amplio de hidroeléctricas, por lo que no responde a todos los interrogantes que hay alrededor de la viabilidad y el nivel de riesgo en el macizo rocoso y la obra.Le puede interesar: Nosotros solo garantizamos que se cumpliera con diseños: ingeniero de Hidroituango Por su parte, la concejala María Paulina Aguinaga enfatizó en que el alcance del informe es “limitado". “El estudio únicamente nos remite a por qué falló el tercer túnel, pero acá la verdadera pregunta es por qué existió cuando no estaba contemplado en diseños iniciales, cuando los dos primeros túneles fueron mal construidos, cuando la misma interventoría advirtió que el consorcio constructor no tenía la capacidad para hacerlo”, señaló. Escuche la entrevista:
Es permanente el ingreso a casa de máquinas de Hidroituango para verificar el estado de la caverna. Todos los días están entrando grupos de expertos en geología, ingenieros y de seguridad industrial, para los cuales EPM implementó una serie de protocolos con el fin de proteger a los encargados de verificar el estado de esta estructura, considerada el corazón del proyecto. Según el vicepresidente de generación de energía, William Giraldo, diariamente ingresan grupos de cinco o seis personas que fueron, incluso, vacunadas contra la fiebre amarilla, el tétano y otras enfermedades de manera preventiva. “Hay personas que van revisando y van alumbrando el camino y determinando que no hayan lugares o piedras que puedan estar en riesgo de desprendimiento, que es lo más peligroso que puede haber. El aire y el ambiente que se respira allá está en buenas condiciones, eso nos permite tener seguridad con la parte de aireación de esas zonas”, explicó.Le puede interesar: EPM revela oficialmente fotografías de casa de máquinas EPM activó cinco motobombas para desinundar la estructura y avanzar en los trabajos de limpieza al interior. Según la empresa, los techos y las vigas se encuentran estables. En dos meses se podría conocer el estado del “corazón” de Hidroituango.
Luego de ser socializado el informe de la firma chilena Skava Consulting, que comprueba que la contingencia iniciada en abril del 2018 en Hidroituango se debió al mal diseño de uno de los túneles, la junta directiva de Hidroituango ratificó que EPM debe pagar 51.748 millones de pesos por los incumplimientos de los hitos 7 y 8, y el 9, que no se cumplirá en agosto, relacionados con la no entrada en funcionamiento del proyecto para generar energía. El gerente de Hidroituango, Gustavo Jiménez, explicó que sólo están haciendo cumplir lo establecido en el contrato BOOMT (sigla en inglés de “construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver” a los 50 años la central).Le puede interesar: Nosotros solo garantizamos que se cumpliera con los diseños: ingeniero de Hidroituango "Realmente, esto lo que ratifica es el error constructivo, entonces los cobros por las notificaciones que hemos hecho estaban cumplidos bajo los parámetros del contrato BOOMT, entonces ahora hay que ratificarlos". Desde la junta de Hidroituango esperan la respuesta de EPM para saber cómo les van a pagar las facturas que han sido enviadas cada mes desde octubre de 2018.