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Un juez penal de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional, señalados de presuntamente integrar una red de corrupción que habría favorecido las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’.
La decisión judicial cobija también a Faudel Luis Salazar Piñeros, José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez, quienes fueron capturados y posteriormente presentados ante un juez dentro del proceso adelantado por la Fiscalía.
Durante las audiencias, el ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particulares. De acuerdo con la Fiscalía, estas personas harían parte de una estructura criminal que habría facilitado el ingreso, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando en el país mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos.
Según la investigación, Freddy Camilo Gómez Castro sería uno de los presuntos articuladores de la red y el encargado de gestionar reuniones y acercamientos con funcionarios de entidades del orden nacional y regional, así como con uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), con el propósito de influir en decisiones que beneficiaran los intereses criminales de la organización liderada por Marín Buitrago.
Las pesquisas también indican que estos contactos habrían permitido facilitar el ingreso de mercancía ilegal por puertos del Caribe colombiano, particularmente en Cartagena y Barranquilla, a cambio de pagos conocidos dentro de la organización como “dádivas” o “cachetadas”, que según la investigación podían alcanzar hasta 300 millones de pesos mensuales.
En el expediente también se señala que Salazar Piñeros, quien se desempeñaba como jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena, habría direccionado a sus subalternos para permitir la salida de contenedores cargados con textiles, cigarrillos y otros productos que no contaban con la documentación aduanera completa ni con los permisos legales exigidos.
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De igual manera, la Fiscalía atribuye a los demás implicados diferentes funciones dentro de la estructura. Entre ellas, identificar funcionarios aduaneros que pudieran colaborar con la red, ubicar contenedores que no debían ser inspeccionados, recolectar dinero de comerciantes para el pago de sobornos y transportar recursos ilícitos destinados a otros integrantes del entramado.
Tras escuchar los argumentos del ente acusador, el juez de control de garantías determinó que los elementos presentados permiten inferir la presunta participación de los procesados en la estructura criminal, por lo que ordenó su reclusión preventiva en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Ninguno de los investigados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
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