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La Corte Constitucional al conceder una tutela a la rectora de la Universidad Surcolombiana de Neiva, Nidia Guzmán Durán, le dio un término de 15 días al Consejo de Estado para proferir una nueva sentencia, en su caso, luego de comprobar que la Sección Quinta de este alto tribunal de lo Contencioso Administrativo vulneró sus derechos al hacer una interpretación equivocada sobre la jurisprudencia generada en torno al tema “Yo te elijo, tú me eliges”.
Según el fallo del Consejo de Estado, que la había apartado del cargo, se determinó que la señora Guzmán Durán intervino en la designación del señor Fabio Alexander Salazar Piñeros como representante del Consejo Académico ante el Consejo Superior de la Universidad.
Asimismo, el señor Salazar Piñeros, en su condición de representante del Consejo Académico ante el Consejo Superior, participó en el proceso que culminó con la elección de la señora Guzmán Durán como rectora de la Universidad.
La Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que el señor Salazar Piñeros no podía intervenir en el proceso de elección de la rectora de la institución, por clara prohibición de la Constitución.
Sin embargo, el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio, apoderado de la rectora afectada con la desvinculación, presentó una tutela en la que pidió que se deje sin efectos dicho fallo sancionatorio, debido a que la prohibición constitucional consagrada en el artículo 126, inciso segundo, no se aplica a las universidades porque se afectaría la autonomía universitaria.
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La Corte Constitucional concluyó que “por una parte, la señora Guzmán Durán no nombró o designó al señor Salazar Piñeros ingresar como servidor público de la Universidad Surcolombiana. Por otro lado, el señor Salazar Piñeros tampoco nombró o postuló a la señora Guzmán Durán como servidora pública de dicha institución”.
Igualmente, explicó, a través de un comunicado, que con la decisión se vulneró la autonomía universitaria. “Las instituciones de educación están revestidas de una serie de facultades de autodeterminación administrativa, reglamentaria y financiera. Estas atribuciones se concretan, entre otras, en la potestad de establecer su propia organización interna, lo que significa que las universidades pueden adoptar normas de funcionamiento y de gestión administrativa”.
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