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Condena a la Rama Judicial por maltrato de funcionarios del Consejo de Estado a una magistrada

De acuerdo con el fallo, tras este hecho, la consejera sufrió maltratos y discriminaciones durante su permanencia en el Consejo de Estado.

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Justicia
Fotos: Rama Judicial, referencia

Un juez ordenó pagar más de 700 millones de pesos como indemnización a la exmagistrada nariñense Stella Conto Díaz del Castillo, tras haber sido maltratada verbalmente por sus compañeros y haber sufrido discriminación de género por parte de algunos de sus colegas del Consejo de Estado en 2013, cuando hacía parte de ese tribunal.

Según el fallo conocido por BLU Radio, en mayo de 2013, en Sala Plena del Consejo de Estado, la mayoría de los magistrados negaron un impedimento que presentó el entonces magistrado Mauricio Fajardo para conocer unas demandas de pérdida de investidura presentadas contra los congresistas que aprobaron el informe de conciliación de la fallida reforma a la justicia.

Sin embargo, la magistrada no estuvo de acuerdo con la decisión y explicó en medios de comunicación su postura públicamente, lo cual generó malestar entre sus compañeros del alto tribunal, quienes la citaron en una sala plena para recriminarle su actuar. Dicha sesión no fue grabada, por lo que la magistrada reclamó en la demanda que el Consejo de Estado incumplió esta obligación.

De acuerdo con el fallo, tras este hecho, la consejera sufrió maltratos y discriminaciones durante su permanencia en el Consejo de Estado.

Se considera que la víctima directa tiene derecho a la máxima indemnización prevista para los daños morales, teniendo en cuenta el grave daño moral sufrido, al haber tenido que soportar durante más de 5 años, discriminación, hostigamiento, recriminaciones a su labor, desconocimiento a su derechos fundamentales, en especial, el derecho a hacer públicos sus salvamentos de voto, siendo una de las pocas mujeres colombianas que ha logrado escalar a tan alto cargo gracias a sus méritos y a su experiencia, habiendo sido acallada, humillada y burlada por una colegiatura mixta, quienes durante 5 años, 7 meses consecutivos minimizaron sus exigencias de restitución de derechos y de publicidad de lo sucedido el 12 de junio del 2013, fecha en que trataron de acallarla en sus salvamentos de voto”, señala el fallo.

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