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La Corte Constitucional admitió una demanda en contra de la zona binacional entre Colombia y Venezuela. El ciudadano David Jacobo Gómez interpuso la demanda argumentando que el acuerdo constituye un tratado internacional.
Por esta razón, según Gómez, el memorando debía haber sido aprobado por el Congreso de la República y sometido a control previo de constitucionalidad por la Corte, requisitos que, a su juicio, fueron omitidos.
Mediante un auto, la Corte ha decidido estudiar la demanda y ha ordenado la práctica de pruebas para recabar información sobre la negociación e implementación del memorando. El objetivo es determinar si, en efecto, este instrumento eludió los controles constitucionales requeridos.
La decisión del alto tribunal también abre la puerta a una posible suspensión provisional del memorando, lo que significa que la Corte considerará si es apropiado decretar dicha suspensión durante el proceso de estudio.
Según había explicado la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, el documento firmado entre los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro es “una hoja de ruta de trabajo articulado, no una excepción al marco institucional colombiano”, asegurando que toda decisión se tomará dentro de los límites constitucionales del país.
Argumentó en su momento que el artículo tercero del memorando, de hecho, explícitamente establece que el proceso "no transgrede de ninguna manera la soberanía nacional ni el ordenamiento territorial colombiano".
El Gobierno colombiano enfatiza que esta iniciativa busca, principalmente, la transformación productiva de regiones históricamente excluidas, como el Catatumbo.
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