Corte ordena crear política pública para proteger a madres gestantes y sus hijos en cárceles

La Corte Constitucional le ordenó al Estado implementar una política pública para garantizar los derechos de mujeres embarazadas, madres lactantes y niños y niñas que conviven con las reclusas en las cárceles, tras identificar una serie de problemáticas, como la inadecuada prestación de los servicios de salud.La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento sobre temas carcelarios, presidida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien advirtió una serie de fallas estructurales que ponen en riesgo la vida, la salud y el bienestar de esta población, considerada de especial protección constitucional.“La medida busca garantizar condiciones dignas de vida, salud, alimentación y bienestar, tanto para las mujeres en estado de embarazo o que conciben encontrándose bajo privación de la libertad, como para los niños que permanecen junto a ellas en situación de reclusión”, explicó el magistrado Jorge Ibáñez.Fueron varios los factores que llevaron a la Corte Constitucional a impartir esta orden; entre ellos, una prestación deficiente de los servicios de salud, incluyendo controles prenatales y atención oportuna del parto y la lactancia.Además, se evidenciaron graves falencias en la alimentación, especialmente en la entrega de dietas especiales para mujeres gestantes y lactantes.Por otro lado, la Corte argumentó que existe una evidente falta de atención psicológica y psiquiátrica dirigida específicamente a mujeres embarazadas, madres lactantes y niños que viven en prisión.¿Qué ordenó la Corte Constitucional?La Sala ordenó que la política pública sea elaborada de manera conjunta y coordinada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Uspec, el ICBF, el Ministerio de Hacienda, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades que administran los recursos del sistema penitenciario.El fallo también ordena al ICBF realizar visitas trimestrales a los establecimientos donde se encuentren mujeres gestantes, lactantes y niños bajo custodia estatal, con el fin de verificar las condiciones de reclusión y salud. Estos informes deberán ser enviados al Ministerio de Salud.