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La defensa de la congresista Karen Manrique, capturada en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que se garantice su reclusión en un establecimiento carcelario con medidas especiales de seguridad, debido a las amenazas que, según su abogado, ha recibido en los últimos meses.
La petición fue enviada mediante una carta al coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, por el abogado Andrés Garzón, quien pidió que la parlamentaria sea recluida en un centro penitenciario intramural con condiciones que garanticen su protección. En el documento, el jurista señaló: "Que mi poderdante sea enviada a un centro de reclusión intramural con las medidas necesarias para procurar su seguridad en atención a las recurrentes amenazas de las que ha sido víctima y que han sido puestas de presente ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia".
Dentro de los argumentos presentados por la defensa, se adjuntan distintas comunicaciones en redes sociales que, según el abogado, contienen amenazas contra la congresista. También se incluyen conceptos de autoridades que, de acuerdo con el documento, habrían catalogado el nivel de riesgo que afrontaba Manrique como "extraordinario".
Entre las evidencias anexadas se encuentran capturas de pantalla de mensajes y un chat de WhatsApp enviado por personas que se identificarían como alias 'Richard Santos', señalado como segundo comandante del Frente Décimo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según la defensa, estas comunicaciones evidenciarían el contexto de riesgo que rodea a la congresista.
El abogado también advirtió en la carta que las amenazas se habrían intensificado tras declaraciones públicas relacionadas con el caso de la UNGRD. En ese sentido señaló: “No puede pasarse por alto que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- ya han amenazado en redes sociales a mi poderdante por ser ‘elena’; calificativo que se dio por las mentiras que el señor Olmedo de Jesús López Martínez manifestó en reiteradas ocasiones ante los medios de comunicación y que dieron en su momento lugar a la denuncia penal que en su contra obra en la Fiscalía General de la Nación”.
La defensa también argumenta que la solicitud busca garantizar derechos fundamentales de la congresista durante su reclusión. En la comunicación se afirmó: "Existen un conjunto de derechos que no pueden ser objeto de restricción como, por ejemplo, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de conciencia o a la salud, tal como es el caso de la doctora Manrique Olarte, quien es objetivo militar declarado por parte de grupos al margen de la ley”.
Por esa razón, el abogado reiteró la solicitud al INPEC para que se adopten medidas especiales en el lugar donde será recluida la congresista. "Por todo lo anteriormente expuesto, de manera comedida y respetuosa, le solicito al señor director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que mi poderdante sea enviada a un centro de reclusión intramural con las medidas necesarias para que la detención se efectúe en un lugar con las medidas de seguridad que salvaguarden la vida de la doctora Manrique Olarte", concluyó el documento.
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