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A través de una carta, de tres páginas, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le respondió al candidato presidencial, Sergio Fajardo, que no es posible realizar un comité técnico-jurídico en su caso.
Esto, a pesar de que hace dos semanas, el abogado del también exgobernador de Antioquia, Mauricio Pava, solicitó convocar a un comité para que se evaluaran los fundamentos de la imputación de cargos, así como la consideración de su eventual retiro.
El fiscal da cinco argumentos por los que no accede a la petición de Fajardo, quien deberá responder ante el Tribunal superior de Bogotá, el próximo 5 de mayo, como presunto responsable de los delitos de peculado a favor de terceros agravado y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
“La convocatoria de comités técnicos jurídicos es una facultad discrecional, en este caso, del fiscal general de la Nación, que se ejerce como instrumento interno de evaluación y seguimiento de ciertas investigaciones; tiene lugar por iniciativa de determinados funcionarios de la entidad y no mediante solicitudes de partes intervinientes, si bien estas pueden, en ejercicio del derecho fundamental de petición, solicitar que se estudió la viabilidad de conformarnos”, dice la carta.
“Por lo mismo, no es un escenario para el ejercicio del derecho de defensa técnica inmaterial, ni para controvertir el fundamento jurídico probatorio de la investigación y o de las decisiones que se tomen dentro de ella; Se ejerce, en virtud de los principios de unidad de gestión y jerarquía, siempre que, de acuerdo con el avance del caso, surjan problemas jurídicos de gran entidad, cerca de la legalidad sustantiva y probatoria de la actuación, de lo cual se desprende que se trata de una herramienta de uso excepcional; por todo lo anterior no existe un derecho de las partes intervinientes, ni de terceros con interés u otras personas, a la convocatoria de comités técnicos y jurídicos en la Fiscalía General de la nación”, añade Barbosa.
La investigación tiene que ver con presuntas irregularidades encontradas en un contrato suscrito entre el departamento de Antioquia y el banco Corpbanca S.A., durante su gestión al frente del departamento el 5 de diciembre de 2013.
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Según la Fiscalía, Fajardo fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito que terminó ocasionando un presunto detrimento al departamento.
"Del mismo modo tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato. Dicho contrato implicó el desembolso de setenta y siete millones de dólares (USD $77.000.000) para realizar sustitución de deudas con otros bancos", agregó la Fiscalía.
Según las estimaciones de la Fiscalía, en el momento del empréstito el dólar se cotizaba en 1.926 pesos y en 2015 el valor superaba los 3.140 pesos, por lo que la obligación contraída se tradujo en un presunto detrimento fiscal de 320.000 millones de pesos.
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Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos", comunicó la Fiscalía.
El ente acusador aseguró que los análisis técnicos, financieros y jurídicos evidenciaron la ausencia de un estudio acerca de la necesidad de suscribir el contrato, así como falta de planeación que diera cuenta de la volatilidad de la divisa. Adicionalmente, no se habría blindado la contratación a través de un seguro de riesgo cambiario.
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