La fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para investigar presuntas alianzas entre altos cabecillas de las disidencias de alias ‘Calarcá’ y miembros de la fuerza pública.
La orden se da tras la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que revisó en detalle los archivos incautados el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, a la caravana de miembros de ese grupo ilegal que se desplazaban en camionetas de la UNP y fueron interceptados en un retén del Ejército.
Según la investigación de Noticias Caracol, entre los implicados están el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, alto funcionario del DNI. En esos documentos se incluyen chats, correos, cartas y fotografías que apuntan a una colaboración estructurada para compartir información reservada e impulsar proyectos conjuntos como el de crear una empresa de seguridad privada que sirviera como fachada para el transporte en carros blindados o permisos de porte de armas.
Uno de los planteamientos del informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol es que, pese a la cantidad de pruebas halladas en esa incautación, no se había iniciado una investigación puntual de los involucrados.
Situación que en la noche de este lunes, 24 de noviembre, terminó reconociendo en parte de la Fiscalía, pues además de la nueva instrucción emitida por la fiscal general Luz Adriana Camargo, asegura que los elementos y su contenido no fueron socializados con el nivel central por parte de la fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín a cargo del proceso puntual.
“... ha de aclararse que ni el Despacho de la Fiscal General de la Nación, ni ninguna otra dependencia de la entidad, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, DECOC, superiores jerárquicos de esa funcionaria, recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia”, precisó la entidad.
En esa línea, el nivel central adelantó una nueva verificación este lunes en Medellín encontrando que sí hay información “de la mayor gravedad en los dispositivos incautados y que no viene siendo objeto de las pesquisas”, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó la respectiva investigación.
“...dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”, detalló.
Otra de las instrucciones fue compulsar copias solicitando a la Corte Suprema de Justicia que investigue al general del Ejército, Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados.
No obstante, en su comunicado la Fiscalía defendió la gestión que ha adelantado con esa información asegurando que ha logrado la judicialización de 28 integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, procesar a tres miembros de la caravana de los cuales dos aceptaron cargos por porte ilegal de armas y ya cumplen condena, mientras que otro enfrenta acusación por homicidio.
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