En el marco de las conmemoraciones tras cumplirse 40 años desde que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia en un hecho oscuro que marcó la historia del país, el Consejo de Estado declaró responsable a la nación por la muerte de un magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry en aquella toma ocurrida en noviembre de 1985.
El alto tribunal determinó que el fallecimiento del funcionario judicial fue consecuencia de causas concurrentes: por un lado, la toma violenta y terrorista ejecutada por el grupo subversivo M-19, y, por otro, la omisión del Estado en sus deberes de protección y el uso desproporcionado de la fuerza pública durante la retoma del edificio.
En su fallo, el Consejo de Estado enfatizó que la acción del M-19 no puede ser entendida como una “hazaña política” ni un “acto de rebeldía heroica”, sino como “la afrenta más grave al Estado de Derecho desde la fundación de la República”, una amenaza directa contra la institucionalidad democrática y la majestad de la justicia.
Finalmente, el tribunal exhortó al Ministerio de Defensa a ejercer la acción de repetición contra el M-19 como organización, así como contra los responsables por mando o autores directos del ataque, en la proporción en que contribuyeron al daño.
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