La Procuraduría formuló pliego de cargos, no solamente contra Alan Jara, sino contra varios de sus subordinados cuando este fue gobernador del Meta en 2015.
Ligia del Carmen Saldaña, como secretaria de Educación del Meta, suscribió un contrato en julio de ese año con la Unión Temporal Nutricional 2015 por cerca de $13.123 millones.
El contrato firmado por la Gobernación tenía el objeto de cubrir la alimentación de más de 66.000 niños en 28 municipios de ese departamento, pero ni el gobernador Jara, su secretaria de Educación, ni otros funcionarios se dieron cuenta que había otro contrato de febrero a agosto de ese mismo año, con la misma cantidad de niños beneficiados y para la misma cantidad de municipios, pero con la particularidad de que ese era un 50% más barato; le costó al Ministerio de Educación solo $6.841 millones.
En 2016 la Gobernación volvió a suscribir otro contrato con la Unión Temporal Nutricional, cuyo representante legal es Óscar Eduardo Jaramillo Silva, esta vez para 58 días de calendario escolar por $7.900 millones; los mismos niños, las mismas raciones y los mismos municipios.
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La Procuraduría no entiende por qué nadie vio el posible millonario sobrecosto. Las empresas representadas por Jaramillo Silva cobraron en 2015 cada ración con un precio industrial de más de $2.000, mientras que el otro contrato con el proveedor del MinEducación cobró alrededor de $900.
Según el Ministerio Público, la Procuraduría Regional del Meta recibió una queja del ciudadano veedor José del Carmen Torres, en la que este aseguraba que ya había denunciado estas aparentes irregularidades ante la sede central del ministerio.
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La cartera realizó entonces las investigaciones pertinentes y estableció que los contratos habían sido suscritos en fechas diferentes, por lo que la Procuraduría decidió finalizar la investigación contra la funcionaria del ministerio.
Sin embargo, no fue así contra Jara, señalado de omisión en el caso, así como la entonces secretaria de Educación Ligia del Carmen Saldaña Plazas, quienes tendrán derecho a la defensa, pero deberán explicar ante el ente de control por qué permitieron que un proveedor le cobrara el doble que había pagado el ministerio seis meses atrás, para los mismos servicios y con el uso de recursos públicos.
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