Magistrado Ramiro Riaño se declaró impedido para decidir sobre la tutela de Álvaro Uribe
Riaño recordó que su pareja fue designada como fiscal en Zipaquirá en el año 2013 por el entonces fiscal general Eduardo Montealegre, quien es reconocido como víctima dentro del proceso contra Uribe.
El magistrado Ramiro Riaño Riaño, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, volvió a declararse impedido para estudiar una de las tutelas presentadas por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez,en la que se busca suspender su detención domiciliaria hasta que quede en firme la condena de 12 años de prisión por fraude procesal y soborno a testigos.
La acción constitucional le fue asignada por reparto, pero el magistrado consideró que existe un posible conflicto de intereses que le impide actuar con total imparcialidad. En su argumentación, Riañorecordó que su pareja, Luz Adriana Gutiérrez Mejía, fue designada como fiscal en Zipaquirá en el año 2013 por el entonces fiscal general Eduardo Montealegre, quien además es reconocido como víctima dentro del proceso contra Uribe.
“Desde mi fuero interno, estimo la existencia de una tensión entre la gratitud por aquella vinculación y la absoluta imparcialidad que demandan las decisiones judiciales”, señaló el magistrado, al referirse a la causal primera de impedimento que contempla el Código de Procedimiento Penal.
Jueza acreditó a Uribe delito de soborno en actuación penal
Foto: tomada de audiencia
Ya se había declarado impedido
No es la primera vez que Riaño se aparta del expediente. Ya en febrero de este año se había declarado impedido para revisar otra tutela relacionada con el caso, en la que se pedía apartar a la jueza Sandra Heredia,quien dictó la condena, por supuesta falta de imparcialidad.
Pero en esta oportunidad, el magistrado sumó un nuevo argumento: señaló que el exfiscal Montealegre interpuso una denuncia penal en su contra, luego de que él suspendiera las audiencias de juicio antes de apartarse formalmente del caso y mientras se resolvía su impedimento. Riaño advirtió que ese acto lo convierte en contraparte directa de Montealegre, ya que la denuncia se convirtió en la base de una investigación penal en curso.
“Ese acto de denuncia me convierte en contraparte del prenombrado ciudadano, pues es la base del proceso penal y principal fuente de prueba de la Fiscalía… máxime cuando afirmó que se constituiría como víctima dentro de la actuación una vez se le permitiera”, explicó Riaño, citando además la causal cuarta de impedimento.
¿Qué pasará ahora?
Ahora, la decisión sobre esta tutela quedará en manos de los magistrados Leonel Rogeles y Aura Alexandra Rosero, quienes deberán determinar si la medida de aseguramiento contra Uribe se mantiene mientras avanza la apelación del fallo condenatorio en segunda instancia.