“Miguel Uribe era precandidato, el término no existe en el lenguaje de la UNP”: Augusto Rodríguez

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, explicó que la institución no estaba facultada para reforzar el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay, asesinado en diciembre de 2025, debido a que su condición de precandidato presidencial no se encontraba contemplada dentro de la normativa vigente al momento de los hechos.En diálogo con Mañanas Blu, Rodríguez precisó que “la palabra precandidato no existe en el lenguaje electoral ni en el lenguaje de protección de la UNP”, y que las figuras cubiertas en los decretos eran únicamente los candidatos registrados oficialmente durante el periodo de campaña. Según dijo, esa limitación impidió la activación del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), encargado de analizar amenazas contra aspirantes en contienda electoral.“El CORMPE se activa cuando hay campaña, o sea, para los candidatos. En ese momento se activaba para los candidatos, no para los precandidatos. Hoy en día cambió, lamentablemente, a raíz de lo ocurrido”, afirmó.La responsabilidad compartida entre la Policía y la UNPRodríguez aseguró que la protección de congresistas como Miguel Uribe no era responsabilidad exclusiva de la UNP, sino compartida con la Policía Nacional bajo un convenio interadministrativo con el Congreso de la República. Explicó que la Policía era la encargada de coordinar los análisis de riesgo y autorizar refuerzos en los esquemas de seguridad.El funcionario insistió en que ninguna de las 23 solicitudes de refuerzo atribuidas al senador llegó a la UNP. “No hay ni una sola solicitud; revisamos todos los archivos y correspondencias. El abogado Víctor Mosquera está equivocado al señalar que hubo desprotección de la UNP”, aseguró.Las cartas y la polémica del refuerzo no tramitadoSobre las 20 cartas enviadas por Uribe Turbay y su equipo a la UNP, en las que solicitaba apoyo logístico y de seguridad para desplazamientos a otras ciudades. Rodríguez respondió que esos documentos no constituían solicitudes de “reforzamiento del esquema”, sino simples peticiones de apoyo operativo.“Lo que había eran solicitudes de apoyo en viajes, no refuerzos del esquema. Esas se tramitaban con la Policía o con la unidad administrativa del Congreso. La UNP no tiene vehículos disponibles en todas las ciudades ni contrato directo con cada parlamentario”, argumentó.Según Rodríguez, la estructura contractual impedía a la UNP responder por cuenta propia a esas solicitudes sin una modificación del convenio con el Congreso. Por razones presupuestales, la Cámara no había contratado el servicio extendido de apoyo fuera de Bogotá.Un trasfondo político y tensiones internas en el gobiernoEl director de la UNP también sugirió que el proceso de imputación de cargos en su contra —posteriormente revocado— podría tener motivaciones políticas. Expresó sorpresa por haberse enterado a través de los medios de comunicación de la decisión de la Fiscalía 295 y señaló que “algo raro estaba pasando” por no haber sido escuchado en ninguna diligencia formal.Rodríguez mencionó además tensiones con altos funcionarios del actual gobierno, entre ellos Andrés Hidárraga, ministro de Justicia y jefe de la Oficina de Transparencia de la Presidencia. Aseguró que Hidárraga lo habría acusado de participar en supuestas “chuzadas”, lo que calificó de totalmente falso.“Jamás pasa por mi cabeza hacerle escuchas a nadie, y menos en mi posición. Soy el encargado de proteger a opositores, líderes sociales, magistrados y periodistas. Tengo que ser impoluto”, enfatizó Rodríguez.El funcionario también hizo alusión a presuntas presiones ejercidas por Hidárraga sobre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y consideró que su gestión debería investigarse. “He conocido cosas que me hacen pensar que no están en la línea ética correcta”, comentó, sin ofrecer pruebas concretas.Cambios normativos tras el magnicidioRodríguez reconoció que el asesinato del senador Uribe Turbay motivó una reforma en los protocolos de seguridad electoral. El Ministerio del Interior modificó el marco legal para incluir, por primera vez, la protección de precandidatos presidenciales, categoría que hasta entonces no tenía reconocimiento oficial en la estructura de seguridad del Estado.El trágico episodio expuso un vacío institucional que, según analistas, evidencia las falencias del sistema de prevención y protección política. La discusión sobre quién debía responder por la seguridad del senador —la Policía, la UNP o el Congreso— quedó en el centro del debate público tras su asesinato.