La garantía de los derechos fundamentales en Colombia atraviesa un momento crítico, según lo revelan las más recientes cifras consolidadas por la Corte Constitucional. Una radiografía que deja en evidencia las fallas o inconsistencias que se presentaron entre el 13 de enero y el 31 de julio de 2026, los últimos 7 meses del mandato del expresidente, Gustavo Petro.
En los despachos judiciales del país procesaron un total de 661.741 acciones de tutela, configurando un radiograma donde la salud y las actuaciones administrativas concentran la mayor litigiosidad del Estado.
En medio de este panorama, la Corte Constitucional identificó un total de 177.130 nombres únicos de entidades e instituciones demandadas durante los primeros siete meses de 2026.
El informe ubica a la Nueva EPS como la institución que lidera la recepción de tutelas a nivel nacional. La Entidad de Salud concentra el 11,5 % de la totalidad de las demandas del país, con 76.279, reflejando las barreras que enfrentan miles de afiliados para el acceso a tratamientos, citas con especialistas y la entrega de medicamentos.
En el mapa, la Nueva EPS al encabezar el número de tutelas en 17 de las 33 entidades territoriales analizadas, corresponde al 52% del país. Los niveles más elevados de demandas contra esta EPS se registran en departamentos como Amazonas (46,7%), San Andrés y Providencia (45,7%), Guainía (43,0%) y Arauca (41,1%).
El segundo lugar de la lista nacional lo ocupan de manera conjunta las Secretarías de Movilidad y Tránsito. Estas dependencias agrupan el 10,3 % de los recursos de amparo radicados en el país, debido a reclamos continuos por procedimientos sancionatorios, fotomultas y fallas en la notificación del debido proceso.
Publicidad
Justamente, las Secretarías de Tránsito dominan el panorama en 10 departamentos, que equivale al 30 % del territorio nacional, con especial incidencia en la Región Caribe y el Suroccidente, afectando jurisdicciones como La Guajira, Cauca, Cesar, Valle del Cauca, Magdalena y Atlántico.
En la tercera posición se encuentran los propios Juzgados y corporaciones de la Rama Judicial, acumulando el 5,3 % de las solicitudes, con 35.344 tutelas.
En los juzgados la cifra obedece a las tutelas interpuesta contra actuaciones, decisiones o dilaciones procesales en los distintos estrados del sistema ordinario. En este caso en Bogotá la mayor proporción de demandas se dirige contra la Rama Judicial y los despachos de juzgados, que abarcan el 8,5% de las tutelas tramitadas en la capital.
Publicidad
Por su parte, la Unidad para las Víctimas (UARIV) con 19.909 tutelas, alcanzó su registro más elevado en el Caquetá con el 25,9 % de las tutelas del departamento, seguido por Putumayo con un 12,5 % y Nariño con un 15,3 %. El motivo determinante en estas regiones obedece al retraso en el pago de indemnizaciones administrativas y la demora en las respuestas a los derechos de petición de la población víctima.
En el caso de las clínicas y hospitales (IPS), con 18.865 tutelas, con el 2,9 % del total nacional, concentrándose la mayor cantidad en Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Esta recurrencia se debe a la desatención en urgencias complejas, la falta de camas UCI y los retrasos en la entrega de insumos especializados.
Y la seguridad social no se encuentra por fuera de la lista, las Administradoras del Sistema General de Pensiones, encabezadas por Colpensiones, presenta también fuertes señalamientos, esto debido a la exigencia ciudadana en la resolución de peticiones, la liquidación de mesadas y el reconocimiento de bonos pensionales.
En la lista también se ubican las Alcaldías Municipales y Gobernaciones, requeridas ante los jueces por el incumplimiento reiterado al derecho de petición, fallas en la prestación de servicios públicos o falta de respuesta a solicitudes de asistencia social.
En otras regiones destacan dinámicas importantes como: Capresoca EPS lidera en Casanare con el 16,0 %; Emssanar EPS encabeza en Nariño (15,3 %) y Putumayo (12,5 %); mientras que Famisanar EPS concentra el primer lugar en Cundinamarca con el 13,3 %.
