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Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer imputado por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, inició acercamientos con la Fiscalía General de la Nación para explorar la posibilidad de un preacuerdo.
El abogado de Suárez, Moisés Carreño, explicó que su representado está dispuesto a considerar un preacuerdo como herramienta para garantizar verdad, justicia, reparación a las víctimas y compromiso de no repetición. Según dijo, este mecanismo permite un escenario distinto al del juicio “en el que las partes buscan un punto medio que satisfaga a todos sin convertir el proceso penal en un instrumento de venganza”.
Carreño señaló que, tras revisar el expediente, su equipo jurídico considera que la conducta investigada tendría origen en unas lesiones personales agravadas que derivaron en la muerte de la víctima, y que no comparten la imputación inicial de homicidio agravado hecha por la Fiscalía.
El abogado aseguró que para su concepto “la génesis de este caso, son unas lesiones personales que podemos considerar agravadas, que lamentablemente condujeron como resultado final a la muerte de una persona, que no era el objetivo de nuestro representado. Partiendo de esa base, podemos sacar la conclusión que no estamos de acuerdo con la postulación que hizo la Fiscalía de manera inicial en el caso de homicidio agravado”.
El abogado afirmó que un eventual preacuerdo evitaría un juicio largo e incierto y contribuiría a “humanizar el proceso penal”, además de ofrecer beneficios procesales reconocidos en el sistema penal colombiano. Añadió que la decisión final depende de la valoración de la Fiscalía y de los elementos de prueba recaudados.
Por su parte, el abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, Camilo Rincón, indicó que la representación de las víctimas no conoce una solicitud escrita formal sobre el preacuerdo, pero reconoció que Suárez está en su derecho de buscarlo. Recordó que, en caso de ir a juicio “tanto Suárez como Ricardo Rafael González Castro, también procesado, enfrentarían penas que podrían oscilar entre 40 y 50 años de prisión. No obstante, la ruta del preacuerdo podría implicar una reducción de pena, siempre sujeta a la aprobación de un juez de conocimiento”. Rincón recalcó que esta herramienta puede facilitar justicia, verdad y reparación.
Frente a la posible vinculación de Paola Fernández, la mujer que aparece en los videos del caso vestida con un disfraz azul, Rincón explicó que la Fiscalía ya la entrevistó tras las capturas y posteriormente realizó un interrogatorio en el marco de las investigaciones criminales. Señaló que la representación de las víctimas desconoce si la Fiscalía avanza en una eventual imputación o vinculación formal, pues esas actuaciones hacen parte de las labores reservadas de inteligencia e indagación. Subrayó que será la Fiscalía, con base en los elementos materiales probatorios recolectados, la que determine si Fernández tuvo o no participación en el homicidio agravado de Moreno Jaramillo.
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