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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el entonces secretario general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Michael Oyuela Vargas, por presuntas irregularidades relacionadas con la verificación de requisitos de idoneidad y experiencia de una servidora vinculada a la entidad mediante un contrato de prestación de servicios en 2024.
De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación busca establecer si existieron falencias en la elaboración y suscripción de los estudios previos, así como en los certificados expedidos para respaldar la contratación, debido a que el valor del contrato no correspondería al perfil profesional de la persona vinculada.
Según las indagaciones preliminares, la contratista habría presentado un título profesional obtenido de manera presuntamente irregular, situación que ahora es objeto de verificación dentro del proceso disciplinario.
La Procuraduría también decidió vincular a la investigación al entonces subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, Rafael Enrique Cruz Rodríguez, quien, de acuerdo con su rol dentro de la entidad, se habría identificado fallas en la suscripción de los estudios previos del certificado de idoneidad y experiencia presentados para la contratación de la funcionaria.
Según el expediente disciplinario, la actuación del Ministerio Público se enfoca en establecer si durante el proceso de vinculación se cumplieron los requisitos legales y administrativos exigidos para la contratación de personal bajo la modalidad de prestación de servicios, especialmente frente a la verificación de la formación académica y la experiencia profesional acreditada por la persona contratada.
Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales, con el propósito de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que habrían ocurrido las presuntas irregularidades relacionadas con este proceso contractual.
Con estas diligencias, el Ministerio Público busca determinar si existió alguna responsabilidad disciplinaria por parte de los funcionarios investigados, así como establecer si el proceso de contratación cumplió con los parámetros legales exigidos para la administración pública en materia de selección y verificación de perfiles profesionales.
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