Procuraduría podría suspender al general Huertas y al director de inteligencia de DNI

La Procuraduría General de la Nación podría suspender provisionalmente de sus cargos en los próximos días al general del Ejército Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, presuntamente vinculados con las disidencias de alias 'Calarcá'. Hay que decir que la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en instituciones de seguridad con la supuesta complicidad del general del Ejército y del alto funcionario de la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI) ha provocado la condena generalizada en el país por las implicaciones que tendría en el conflicto armado.General Juan Miguel HuertasEs señalado como principal enlace con las disidencias de las Farc es un oficial del arma de artillería que, de acuerdo con el Ejército, “desde el año 2021 había sido retirado de la institución por decisión del Gobierno nacional”.Huertas fue llamado a retiro tras reportes de Estados Unidos que lo relacionaban con grupos armados ilegales. Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo vinculó a un proceso por “falsos positivos”, nombre con el que se conocen las ejecuciones de civiles perpetradas por integrantes del Ejército para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.En 2022, se sumó junto con otros dos generales retirados a la campaña electoral de Gustavo Petro, quien en agosto pasado lo reincorporó al servicio activo como jefe del Comando de Personal del Ejército.En una carta divulgada, Huertas rechazó tener cualquier vínculo con organizaciones armadas ilegales.Wilmar MejíaEn las comunicaciones reveladas por Noticias Caracol también aparece mencionado Wilmar Mejía, licenciado en educación física que, gracias a su cercanía con el presidente Petro, fue designado director de Inteligencia Estratégica en la DNI, cargo que desempeña de manera simultánea con el de representante del jefe de Estado en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.Mejía también negó haber participado “en actividades orientadas a compartir información de inteligencia con grupos criminales; gestionar empresas fachada, trámites o permisos de seguridad privada; facilitar armas, municiones o explosivos, y promover pactos de no agresión entre la fuerza pública y organizaciones armadas ilegales”.