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De acuerdo con el más reciente reporte de riesgos en la participación efectiva de las víctimas, las organizaciones defensoras de DDHH y los comparecientes en los procesos que desarrolla la JEP, la situación de desplazamiento en Colombia se ha triplicado comparada con el mismo periodo del 2020.
Entre el 1 de enero y el 7 de marzo de este año, han ocurrido 30 desplazamientos forzados en todo el país, afectando a 1.311 familias que resultan siendo 3.119 personas. Del mismo modo, 20 comunidades han tenido que confinarse en sus territorios, perjudicando el derecho a la libertad y la movilidad de 21.494 personas en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Chocó y Nariño.
Los indígenas y afrodescendientes han sido quienes principalmente han padecido esta situación en la que en los mismos cálculos de la unidad ‘cada media hora una persona abandona su predio, y cada hora una familia colombiana se vea obligada a desplazarse para salvaguardar su vida e integridad física’.
El Clan del Golfo y el ELN serían los principales actores de estos hechos de victimización, y según la JEP lo hacen para "establecer o recuperar corredores que permiten la movilidad de integrantes de las organizaciones ilegales y el tránsito de drogas, armas, y otras mercancías”.
Por ejemplo, explican que, en el departamento del Chocó, el ELN ha establecido tres corredores:
El primero, se ubica en la parte sur del departamento y se interconecta con el norte del Valle y Risaralda, y ahora también con el municipio de Buenaventura. El segundo corredor va desde Bojayá hasta el suroccidente antioqueño y el último se encuentra en la parte norte del Chocó hacia el Urabá Chocoano y Antioqueño.
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