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Comunidades indígenas se oponen a nueve de 32 contratos petroleros que el Gobierno busca reactivar

El Gobierno de Gustavo Petro insistió este jueves, desde el foro mundial de Davos, que no otorgará nuevos contratos de exploración de gas y petróleo.

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Petróleo
/ Foto: referencia, AFP

Blu Radio revela en exclusiva el difícil panorama que enfrenta el Gobierno de Gustavo Petro para reactivar los contratos petroleros suspendidos en Colombia y, en esta entrega, pone la lupa en nueve contratos que enfrentan una dura oposición de distintas comunidades indígenas.

Vale recordar que este jueves la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, reiteró desde el foro mundial Davos, que este Gobierno no entregará nuevos contratos de petróleo y gas. En repetidas ocasiones Vélez ha dicho que la esperanza está puesta en el recobro mejorado y en reactivar contratos suspendidos.

Esta emisora tiene en su poder 37 actas con las que la ANH suspendió el mismo número de contratos y encontró que cuatro de ellos corresponden a proyectos de YNC (fracking), ocho están suspendidos por problemas de orden público y 10 tienen distintos problemas con otras comunidades y autoridades municipales. Sin embargo, el Ministerio de Minas y Energía le dijo a Blu Radio que tiene en sus cuentas 32 contratos suspendidos de los cuales 18 tienen algún problema de “conflictividad social”.

La mayoría de comunidades indígenas ve en el petróleo el desangre de la madre tierra y muchos se oponen por razones que van desde la preocupación por la pervivencia de su cultura y modo de vida, la desarmonización de los territorios, los daños ambientales y la llegada de actores armados a sus tierras.

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Los U’wa no quieren que se reactive Sirirí

Sirirí está ubicado entre Boyacá y Norte de Santander. De acuerdo con Ecopetrol , el proyecto está suspendido por requerimientos de las comunidades al Gobierno.

“Los requerimientos provienen de la comunidad indígena representada por Aso U’wa y vienen siendo atendidos desde 2014 por el Gobierno en mesas de diálogo a las que asiste Ecopetrol como operador”, dijo la compañía.

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El presidente Aso U’wa, Javier Villamizar, quien dice que su pueblo, la Nación U’wa, no quiere petróleo en su territorio ancestral y nunca va a dar el permiso para que eso pase.

“Nosotros vamos a oponer, vamos a luchar, vamos a resistir y vamos a pelear con el Gobierno nacional”, dijo Villamizar.

En Las Garzas hay un resguardo ingobernable

Según el acta de suspensión, desde 2015, New Granada Energy ha tenido problemas en su relación con los habitantes del resguardo Corozal Taojo al punto que en una comunicación a la ANH la empresa le dice que el resguardo es “ingobernable”. Hoy el contrato está suspendido hasta que se logre un acuerdo sobre el mantenimiento de una vía y se termine la consulta previa con el resguardo.

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Fuentes de la región indican que hace poco hubo un intento de acercamiento de la compañía con el pueblo Piapoco, pero aún no hay oposición del pueblo sáliva que también está presente en la región.

Los Inga no quieren petroleras en sus lugares sagrados

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La ANH suspendió el contrato PUT 1 “desde el año 2014 y hasta que cese la oposición de la Asociación de Cabildos Indígenas de Villa Garzón en Putumayo”.

“No, definitivamente, no, porque usted sabe que si ingresan empresas extractivas en nuestro territorio vamos a tener muchas dificultades como hemos tenido a nuestros alrededores. Hemos tenido amenaza de nuestros líderes, hemos tenido pérdida de nuestros alimentos”, dijo el gobernador del resguardo inga Wuasipungo, José Jansasoy.

Los ingas se consideran cuidadores de la madre tierra y permitir el extractivismo va en contravía de ese principio. Hoy están convencidos de que el petróleo les traería problemas ambientales, sociales y culturales en comunidades donde en muchos casos el Estado ni siquiera ha llevado los servicios públicos.

La lucha de los Siona por la tierra

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La comunidad Siona del Resguardo Buenavista lleva años en una pelea judicial para que el Estado les restituya las tierras que el conflicto armado les quitó. En 2018 un juez de Mocoa les concedió medidas cautelares que paralizaron las actividades el bloque PUT 12 (hoy en liquidación) y luego las ampliaron al bloque PUT 9 que está suspendido.

El pueblo Siona ha sido reconocido por la justicia colombiana como un pueblo en riesgo de exterminio físico y cultural. Mientras no se resuelva el caso de restitución no podrá haber consulta previa, pero de todos modos al pueblo tampoco le interesa el petróleo.

El petróleo es algo tan alejado para los Siona que la palabra ‘petróleo’ ni siquiera existe en su lengua materna. Los Siona creen que oponerse al petróleo no solo beneficia a su comunidad, sino al planeta entero.

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“Con nosotros no hay las mínimas posibilidades de que una empresa petrolera vuelva a hablar porque con ellos ya hablamos dentro de un marco jurídico que es la consulta previa y ahí lo dijimos todo”, dijo el gobernador de Buenavista, Mario Erazo.

El resguardo Villa Catalina y su oposición al petróleo

Muy cerca del bloque PUT 9 están los bloques PUT 36 y Mecaya. Los tres tienen dos cosas en común: están en manos de la firma Amerisur y se traslapan con el resguardo Villa Catalina cuyos habitantes creen que el petróleo puede traer más problemas que soluciones.

Les preocupa la desaparición de venados, dantas y especies de yagé y que detrás de las empresas petroleras lleguen más actores armados. Pablo Cuchalá es un líder indígena de la región que ha seguido de cerca el proceso de Villa Catalina y dice que hoy no hay cómo iniciar un proceso de consulta previa.

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“No hay condiciones, no hay una igualdad de condiciones y estamos en desventaja. Es como si nos pusieran a negociar con todas las normas legales sobre la mesa, pero le ponen una pistola en la cabeza”, aseguró.

De hecho, el resguardo emitió un mandato (una ley para la comunidad): “En la que ordena no iniciar ninguna consulta previa para proyectos de hidrocarburos y/o explotación y exploración de la madre tierra hasta que el Estado colombiano haya reparado integralmente los daños territoriales, a la autonomía, al Gobierno propio y a la participación”.

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El resguardo Nasa Kui'ma the' we'sx

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El contrato PUT 10 se firmó en 2011 y aunque Gran Tierra Energy consultó a varias comunidades de la región para sacarlo adelante no incluyó al que hoy es el cabildo Nasa Kui'ma the' we'sx.

Ese cabildo ganó una tutela en la Corte Suprema de Justicia en 2016 que reconoció su derecho a ser consultados para el desarrollo del proyecto.

“Están nuestros espíritus que son los que nos guían, nos orientan y nos facilitan la pervivencia, nos permiten el interrelacionamiento hombre - naturaleza, desde el tema más ambiental son zonas muy frágiles que se erosionan fácilmente y que van a taponar el Río Conejo y eso a su vez va ocasionar es avalanchas”, dijo el gobernador Nasa, Luis Carlos Baltazar.

Para Baltazar el pueblo Nasa está en constante relación hombre-naturaleza y la tierra es nuestra madre. La tierra provee el alimento, las plantas medicinales para todas las epidemias “habidas y por haber”. Permitir la explotación petrolera iría en contra de sus principios culturales y cosmogónicos y dañaría sus sitios sagrados.

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Los dos contratos suspendidos en la era Petro

Dos de las actas de suspensión, de este grupo, se firmaron después de que Gustavo Petro se convirtió en presidente.

El primero de los contratos es el PUT 31. Según el acta de suspensión de la ANH, fue ya en este Gobierno, el 22 de agosto de 2022, que el resguardo Nasa Alto Danubio reiteró su oposición al proyecto petrolero.

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El último de los contratos es Ceiba

La petrolera Emerald Energy le dijo a la ANH en agosto que “con ocasión de la pandemia generada por el COVID-19, las comunidades indígenas a ser consultadas no quieren hacer parte de los planes nacionales de vacunación y mantienen la posición de aislarse para su protección, impidiendo adelantar el proceso de Consulta Previa”.

Una de esas comunidades es el resguardo Nasa Kiwe, su gobernador Jorge Trochez le confirmó a Blu Radio que su comunidad no quiere recibir la vacuna y que no han tenido ningún acercamiento ni con Emerald ni con el Gobierno.

Lo que dicen las empresas y el Gobierno

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Consultada sobre la oposición de las comunidades indígenas a varios de sus proyectos petroleros, la empresa Gran Tierra Enegy dice que durante 11 años de operación ha hecho más 122 procesos de consulta previa, en su mayoría exitosos.

“Gran Tierra entiende que las comunidades locales apoyan de manera mayoritaria este enfoque de desarrollo responsable, pero también respetamos los derechos de las personas cuya posición es en contra de nuestras propuestas”, aseguró.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía dijo que “puede considerarse viable” la reactivación de todos los proyectos arriba mencionados.

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“Puede considerarse viable en la medida en que los contratistas de estos proyectos en su gran mayoría han manifestado la voluntad de continuar con los procesos para el levantamiento de las suspensiones, lo cual resulta relevante tanto para fortalecer el conocimiento del subsuelo, porque aún tienen compromisos exploratorios de sísmica y pozos de exploración, como para la seguridad energética, pues además de que las compañías tienen inversiones estimadas de alrededor de $400 MMUSD, cuentan hasta el momento con recursos prospectivos de 2 Tera Pies Cúbicos (TPC) de gas, así como de 400 Millones de Barriles (MBBl) de petróleo”, indicó la entidad en una respuesta por escrito.

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