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Colombia vive una situación humanitaria "especialmente delicada" por múltiples emergencias derivadas del conflicto armado, asegura la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien pese a ello está convencida de que la paz es posible si hay voluntad política del Gobierno, los grupos armados y la sociedad en general.
Marín, abogada experta en justicia transicional, paz y derechos humanos, es desde hace seis meses la primera mujer al frente de la Defensoría del Pueblo, cargo en el que se ha caracterizado por hablar con franqueza de los problemas del país.
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"Ahorita estamos en una situación históricamente y especialmente delicada", afirma en una entrevista al explicar que en Colombia hay once focos de emergencia humanitaria comenzando por la región del Catatumbo donde la reciente violencia por los ataques de la guerrilla del ELN contra una disidencia de las Farc deja al menos 70 muertos y unas 54.000 personas desplazadas.
La defensora agrega: "La necesidad de atender urgentemente el Catatumbo, que es real, no nos puede llevar a desconocer que la situación también es muy crítica en otras zonas, donde es importante implementar acciones inmediatas para proteger a la población y evitar una escalada mayor".
Eso se debe, en parte, a que "ha habido efectivamente una expansión de los grupos armados muy grande en los últimos cinco años", comenzando por el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, pero también del ELN y las fragmentadas disidencias de las Farc, a lo que se suma que "la presencia de la fuerza pública no siempre es tan clara en el territorio".
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Conflictos entre grupos ilegales
"La mayoría de estos focos de violencia (...) son conflictos entre distintos grupos armados ilegales, y los procesos de paz son entre el Gobierno y un grupo armado ilegal", dice para explicar que la política de paz del Gobierno debe tener en cuenta esa circunstancia para poder avanzar, algo que no se está haciendo.
Marín cree que el fortalecimiento de los grupos armados ilegales ha hecho que el Estado pierda en algunas partes control territorial, pues hay 708 municipios del país, de un total de 1.104, sobre los que la Defensoría del Pueblo ha alertado de la presencia de esas organizaciones.
"No en todos ellos hay control hegemónico de un grupo armado, eso también hay que decirlo, porque a veces se ha interpretado que en 708 (municipios) mandan los grupos armados y no las autoridades, no es así", aclara.
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Sin embargo, hay lugares como partes del Cauca, el Catatumbo, Urabá, Arauca o el Chocó, "donde la presencia es hegemónica de parte de los grupos armados y esto quiere decir que las autoridades civiles, inclusive la fuerza pública, no pueden ingresar fácilmente sin autorización de un grupo armado".
La Defensoría, mediante su Sistema de Alertas Tempranas, hace constantes advertencias de los riesgos que corren las comunidades, pero "infortunadamente la respuesta es muy formal" por parte de las autoridades responsables, que convocan reuniones y trazan planes de acción que muchas veces no pasan de eso.
"Es una respuesta que se ha convertido en rutinaria y que no toma realmente la dimensión del problema. No es fácil. También, hay que decir que muchas de estas alertas están planteando situaciones (para las) que nadie tiene la varita mágica para impedirlas porque son complejas", afirma.
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La paz posible
A pesar de tantas dificultades, Marín subraya: "La Defensoría del Pueblo ha apoyado y seguirá apoyando todo esfuerzo para terminar la guerra de manera pacífica", pero indica que los grupos armados, si están en diálogos de paz con el Gobierno, deben asumir "una responsabilidad" con esos procesos.
"La paz no puede confundirse con una generosidad tal que permita a los grupos armados expandirse bajo ciertas condiciones como ceses bilaterales al fuego", manifiesta, y añade que esos grupos "no están siendo en todos los casos muy leales y respetuosos con el esfuerzo de paz que ha presentado el Gobierno. Aquí también hay una responsabilidad de parte de ellos".
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En el caso del ELN, "da la impresión de que estuvo todo el tiempo preparándose para la expansión y la escalada de una guerra, mientras que el Gobierno estaba dándole más oportunidades para un proceso de conversaciones" iniciadas en noviembre de 2022.
La defensora también considera que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016 con las Farc, "el Estado tenía una oportunidad de oro de, sin una disputa armada, poder entrar con un desarrollo territorial" a las regiones azotadas por la violencia, pero no la aprovechó lo suficiente.
"Vemos un Estado que de pronto está quedado en llegar tan rápidamente a los territorios como se necesita" con una "acción integral" que junte "política de paz, política de seguridad y desarrollo", temas a los que "no les hemos dado prioridad".
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"Entonces, yo creo que ha faltado voluntad política de los gobiernos y que también ha faltado importancia de parte de la opinión pública en que ese es un requisito indispensable para poder construir paz en Colombia", manifiesta.
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