La falta de consenso entre los mandatarios departamentales y el Gobierno nacional ha escalado tras la reciente reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su preocupación al concluir que no se lograron acuerdos significativos respecto a la gestión de las rentas cedidas por el consumo de licores y tabaco. Según la mandataria, el Gobierno central pretende retener recursos que, por mandato constitucional, pertenecen a las regiones para financiar derechos fundamentales como la salud, la educación y el deporte.
Amenaza a los derechos fundamentales y la salud
La gobernadora fue enfática al señalar que la disputa no es una simple pelea política, sino una defensa de los servicios básicos para la población más vulnerable. El núcleo del problema radica en el financiamiento del régimen subsidiado de salud. Toro explicó que, en el Valle del Cauca, el 49% de las rentas de la licorera y la totalidad de los impuestos al cigarrillo se destinan a este fin.
"Si no pagamos el régimen subsidiado al ADRES, la gente se queda sin salud", advirtió, subrayando que las personas de escasos recursos serían las más perjudicadas ante la falta de pago a las EPS por parte del Estado.
Impacto económico y el fantasma del contrabando
Las cifras presentadas por la administración departamental son alarmantes. Solo en el Valle del Cauca, la afectación por el impuesto al cigarrillo alcanzaría los 120.000 millones de pesos. Además, la gobernadora denunció que el 40% del mercado de cigarrillos en su departamento ya está en manos de bandas criminales dedicadas al contrabando, una situación que se agravaría con los nuevos gravámenes.
Según Toro, el aumento del impuesto específico al consumo encarece los productos legales, incentivando el comercio ilícito y perjudicando gravemente a la industria de licores regional.
De la "rebelión" a la vía jurídica
Aunque inicialmente se habló de una posible "rebelión" por parte de los gobernadores al negarse a aplicar el decreto, Toro aclaró que se están agotando las instancias legales.
La Federación Nacional de Departamentos presentará un recurso ante la Corte Constitucional para solicitar la suspensión provisional de los efectos del decreto en lo referente a licores y cigarrillos.
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