Con la llegada de las ferias y festividades de fin de año en ciudades como Cali y Manizales, vuelve a escena el debate sobre las corridas de toros y la aplicación de la ley ‘No más olé’, que prohíbe los espectáculos con maltrato animal en Colombia. Aunque fue sancionada en 2024, la norma establece un periodo de transición de tres años, por lo que la prohibición total entrará en vigencia en julio de 2027.
En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, explicó que durante ese periodo las ciudades que cumplan con los requisitos pueden realizar corridas de toros, mientras avanzan en la sustitución de esas actividades por otras de carácter cultural o económico.
“La ley establece la prohibición de actividades taurinas, pero también un periodo de transición de tres años. En esa línea, las ciudades que cumplen requisitos pueden hacer corridas estos tres años”, indicó la congresista.
Sin embargo, Hernández cuestionó la posición del alcalde de Cali, Alejandro Eder, a quien acusó de no tener voluntad política para implementar la transición. “El alcalde de Cali no quiere reemplazar las corridas, y por el contrario ha profundizado en la actividad taurina, cosa contraria a la ley y al sentir de la ciudadanía caleña”, expresó.
La senadora recordó que la ley no obliga a las alcaldías a autorizar corridas durante el periodo de transición. “Si él quisiera no autorizarlas, puede hacerlo, o disminuir los días para irlas reemplazando por otras actividades”, explicó, destacando que la decisión depende de la voluntad de los mandatarios locales.
Hernández también señaló que otros municipios han comenzado a reconvertir sus plazas taurinas para usos culturales. “En Duitama, por ejemplo, hemos visto plazas adecuadas para conciertos y otras actividades que representan la cultura del territorio. Eso debería estar haciendo el alcalde de Cali”, afirmó.
La congresista insistió en que la ley ‘No más olé’ no solo busca eliminar la tauromaquia, sino promover una transformación económica y social. “Estos tres años servirán para la reconversión de escenarios y el levantamiento de un censo sobre cuántas personas viven de la tauromaquia. Pero ha faltado voluntad del sector taurino, que se ha negado a dialogar con el Gobierno nacional”, aseguró.
Finalmente, Hernández subrayó que cada administración local es responsable de avanzar en ese proceso de cambio. “Cada alcalde, en el marco de su autonomía, deberá iniciar la transición en coordinación con el Gobierno nacional. La ley entrega el deber de hacerlo”, concluyó.