Toda una batalla judicial se desató en Colombia a raíz de los videos filtrados de las reuniones que sostuvieron algunos miembros y directivos de el Pacto Histórico. El petrismo está denunciando penalmente, e incluso ante instancias internacionales, los seguimientos de los que aseguran han sido víctimas. Por otra parte, algunos sectores interpusieron denuncias buscando sanciones por el contenido de esos videos.
Este viernes el jefe de debate del Pacto Histórico Alfonso Prada radicó formalmente ante la Fiscalía una denuncia violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones. Argumentando que la filtración de los vídeos pone en riesgo a la campaña y al candidato a la Presidencia.
"Se trata de un episodio con intenciones de materializar una guerra sucia contra la candidatura de Petro y Márquez. Las grabaciones realizadas en ámbitos privados, como la ocurrida, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial competente", afirma Prada.
Mientras tanto, el senador Roy Barreras, uno de los protagonistas de estos vídeos, fue más allá y acudió a instancias internacionales, pues solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para que se le ordene al Estado colombiano la protección de sus derechos a la honra, dignidad, integridad personal, intimidad y libertad de expresión, argumentando que fue víctima de seguimiento y espionaje.
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"Solicito dar alcance a las medidas cautelares que solicité en el año 2019 y reiteré en el año 2020 y antes de que se me cause un mayor perjuicio que puede resultar irremediable, con claros efectos en las elecciones, próximas a realizarse. Solicito además se inste al Estado colombiano para que investigue y sancione, con la eficiencia requeridas para el caso, a los responsables de los actos de espionaje", explica Barreras en su solicitud.
Las denuncias no son solo en defensa del Pacto Histórico, pues la Red de Veedurías Ciudadanas radicó también una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen las grabaciones con el fin de determinar si se han transgredido o no normas de financiación de las campañas presidenciales, explicando que en los vídeos hay evidencia de aportes realizados a la campaña de Petro que presuntamente no fueron reportados en los ingresos, según el denunciante Pablo Bustos, por lo que pide determinar si se pudo haber excedido el gasto de campaña.
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"Excederse en el gasto es una clara violación al régimen penal colombiano, que encuentra su justificación en la violación al derecho a la igualdad en que deberían competir los distintos candidatos. Pero no sólo ello, si se ha mentido a la autoridad electoral, se encuentra también la posible comisión del delito de fraude procesal", se lee en la denuncia.
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