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A la salida de un encuentro con la bancada de la Alianza Verde, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se sumó a las preocupaciones que dieron a conocer tanto la procuradora general, Margarita Cabello, como los gobernantes asistentes a la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos: que el recrudecimiento de la violencia en el país podría afectar el proceso electoral que se llevará a cabo en octubre de este año.
Barbosa aprovechó el momento para denunciar que los grupos armados ilegales estarían controlando los accesos de la gente en el Caquetá. “Tenemos información que está siendo verificada por la Fiscalía en donde están carnetizando en Caquetá a ciudadanos por parte organizaciones criminales para que entren a ciertos municipios”, manifestó.
Frente a los grupos que estarían llevando a cabo estas acciones, el fiscal señaló que se trataría de disidencias de las Farc.
“La información en principio que tenemos y que estamos verificando es que son disidencias de esas organizaciones, disidencias de Farc y vamos a verificar exactamente a qué se refieren esos temas”, agregó.
Por último, Barbosa enfatizó su preocupación por el desbordamiento de la inseguridad en el territorio nacional.
“La información que yo les he dado al país es que está desmadrado el orden público en Colombia. Tenemos unos decretos que tienen con brazos caídos al Ejército y a la Policía en parte del territorio nacional. Hay 365 órdenes de captura contra homicidas de defensores de derechos humanos, reincorporados, sus familiares. Hay sin ejecutar 3.600 órdenes de captura sin materializar por homicidios en zona rural en el país”, señaló.
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