Gobierno colombiano implementó leyes que penalizan corrupción dentro de fuerzas militares: EE. UU.

En un extenso informe, el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó logros en los que el Gobierno colombiano estaría avanzando en temas de reforma policial y cumplimiento de leyes anticorrupción al interior de las estructuras militares.Según expuso el informe, el Gobierno Duque, “tomó medidas para investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, aunque algunos casos continuaron experimentando largas demoras para ser resueltos”.Marchas y protestas socialesEn otro apartado, el texto señaló que “hubo denuncias de que las órdenes militares que instruyen a los comandantes del Ejército son a duplicar los resultados de sus misiones contra las guerrillas”, aclarando que “un informe independiente del Gobierno Duque concluyó que las órdenes no permitieron, sugirieron o resultaron en abusos o conductas delictivas”.Por estos hechos, el presidente Duque firmó directrices que buscan modernizar el sistema de justicia militar y según señaló el informe, “este fue un paso hacia la transición del sistema de justicia militar del antiguo sistema, sin embargo, no ha habido resultados grandes”.En otro apartado, el informe del Departamento de Estado añadió otros temas como las denuncias por malos manejos del Inpec, recalcando que, “reportó 159 muertes en prisiones, cárceles, prisión preventiva u otros centros de detención hasta el 31 de julio (2021), incluidas cuatro atribuidas a peleas internas”.Lo anterior en medio de la actual coyuntura de cambio de mando que vive la institución por cuenta de recientes escándalos por fuga presos importantes como alias “Matamba”, y las dudas en torno a la reclusión de Carlos Mattos.Derechos humanosEn este apartado se hizo un recuento de las posibles detenciones arbitrarias durante las protestas, señalando que “el Gobierno declaró que no tenía presos políticos; sin embargo, las autoridades detuvieron a algunos miembros de grupos de defensa de los derechos humanos por cargos de conspiración, rebelión o terrorismo, que los grupos describieron como hostigamiento del Gobierno”, dejando ver que se tomaron en cuenta denuncias de organizaciones sociales al interior del país.La prensa también tiene lugar en el informe, pues se relatan denuncias de la FLIP, “hasta el 6 de septiembre (2021) hubo 99 amenazas contra periodistas, algunas involucrando a más de un objetivo, para un total de 117 periodistas afectados por amenazas”.Desplazamientos“Hasta junio (2021), el Gobierno registró 483.260 desplazados internos que se identificaron como indígenas y 1.127.913 que se identificaron como afrocolombianos”, añadió el extenso recopilado de hechos ocurridos en el país.Sin embargo, también señaló que los grupos armados, así como los narcotraficantes, fueron perpetradores significativos de abusos contra los derechos humanos, crímenes y violencia sexual, reclutamiento y uso de niños soldados, así como amenazas contra periodistas, mujeres y defensores de derechos humanos, añadiendo que el Gobierno “investigó estas acciones y persiguió a los responsables en la medida de lo posible”.Puede consultar el informe completo y detallado: https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/colombia/Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba beta: