El consejero para la estabilización, Emilio Archila, le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional la nulidad de la sentencia con la cual se había declarado el estado de cosas inconstitucional frente a la seguridad de los excombatientes de las Farc.
Esta decisión la había tomado la Corte el pasado mes de enero al considerar que había un “bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de los excombatientes”.
Sin embargo, desde el gobierno manifiestan que la Corte debe tener en cuenta los esfuerzos que ha hecho para garantizar la seguridad a los firmantes del acuerdo. Para esto el consejero Archila pide tener en cuenta un informe hecho por la Defensoria, y que fue presentado a la JEP.
“Se ha reducido significativamente el número de homicidios. Entre 2020 y 2021 la reducción fue del 27% y en los dos primeros meses de 2022 la disminución es del 40 %. Tenemos que llegar a cero homicidios”, indicó.
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Asimismo, presentan un cuadro comparativo entre los hallazgos del informe de la Defensoría y las razones que tuvo en cuenta la corte para tomar la decisión.
En este sentido, aunque la Corte manifiesta que hay un bajo cumplimiento en las garantías de seguridad resaltan que el informe de la Defensoría asegura que “hay una estrategia robusta de prevención y protección”.
La Corte por otro lado aseguró que las medidas tomadas por parte del gobierno se dieron tras órdenes de la JEP. Y en este sentido el consejero Archila explicó que pese a las dificultades por la pandemia y la presencia de grupos armados en algunas zonas del país, hay un plan estratégico para la seguridad de excombatientes en el que participan todas las instituciones que tienen responsabilidades en este tema y que este plan fue implementado anteriormente a las órdenes de la JEP.
Sobre los avances en temas de seguridad el gobierno argumenta que desde 2017 han disminuido las muertes de excombatientes.
Sobre los obstáculos judiciales manifiestan que hay “avance del 58,24% sobre el esclarecimiento de los 285 casos en los cuales son competentes, un porcentaje que resulta alentador, teniendo en cuenta la congestión judicial tan alta que se presenta en el país”.
Declarar el estado de cosas inconstitucional significa que hay una violación masiva de los derechos fundamentales, en este caso de los excombatientes de las Farc, por lo que se deben tomar medidas estructurales para poder responder a esta situación.
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