La cifra es alarmante, si hoy Colombia perdiera todos sus pleitos, visto como un caso hipotético e improbable, le costaría casi lo mismo que todo el presupuesto de la nación para el año 2024. Según el más reciente reporte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, actualmente se encuentra interviniendo en 813 procesos judiciales estratégicos, con pretensiones aproximadas de $491 billones, que representan el 93 % de las pretensiones totales de todos los pleitos que enfrenta el Estado.
En un documento oficial conocido por Blu Radio, se advierte que aunque la agencia ha logrado importantes ahorros para la nación: "Persisten inconvenientes de coordinación interinstitucional en la materia, lo que determina la necesidad de agilizar acciones para fortalecer los resultados requeridos en todo el Estado y así disminuir los pagos consecuencia de fallos desfavorables, ello en razón a que existen vacíos normativos que incentivan el litigio en contra el Estado”.
Pero además, se hace acatando un concepto del Consejo de Estado del 16 de mayo de este año en donde advierte que el “interés litigioso de la nación” no se restringe “solo a entidades públicas del orden nacional, sino que en determinados asuntos la defensa del interés litigioso puede corresponder a las entidades territoriales o a órganos pertenecientes al sector central”.
Por eso, el Gobierno Petro alista una muy extensa norma en el que se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que en términos sencillos, que busca es mayor coordinación entre las entidades nacionales y regionales, no solo pare responder a las demandas, sino especialmente para prevenirlas.
“De esta manera, la defensa jurídica se posicionará como política de Estado disminuyendo el impacto fiscal de la litigiosidad de las entidades, bajo un modelo de gestión por resultados, sustentado en la gestión del conocimiento y la transformación digital. Se consolidará la cultura de prevención del daño antijurídico, resolución de conflictos y gerencia eficiente del litigio”, dice la exposición de motivos.
Allí, se establecen las instancias de coordinación así como un equipo técnico que revisará cada uno de los casos e incluso se estipulan que la Agencia de Defensa diseñará un modelo de acreditación de los(as) abogados(as) defensores(as) del Estado y un manual de funciones.
“Es fundamental contar con profesionales del derecho idóneos y comprometidos con la defensa de lo público, en ese sentido se incorporan disposiciones relativas a la selección y acreditación de los defensores del Estado, al manual de funciones y herramientas para evaluar y mejorar la calidad de los productos y resultados”, se advierte.
A continuación puede consultar el borrador de decreto elaborado por el Gobierno.
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