Gobierno y Alcaldía de Bogotá no llegan a acuerdo en protocolo para manejar protestas

Este miércoles culminaron tres días de trabajo entre la Alcaldía de Bogotá, Presidencia, la Gobernación de Cundinamarca y la Fiscalía.Las reuniones se debían desarrollar como parte de la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de crear una mesa para restructurar directrices frente al uso de la fuerza durante la protesta social. Aunque hay avances y puntos comunes, hay otros donde no se alcanzaron acuerdos como, por ejemplo, en la prohibición de uso de capuchas y pinturas, que plantea el Gobierno, y el pago de una póliza por los organizadores de la marcha para enfrentar posibles daños por vandalismo. Otros puntos polémicos sería la pérdida de mando del Esmad por parte de las autoridades locales, así como la prohibición al porte de armas de fuego por parte de uniformados.La conclusión principal es que las partes van a solicitar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca 60 días más para construir en conjunto este protocolo, alegando que estos días pasados no son suficientes y para que empate con el tiempo en que presentarán el nuevo protocolo a la Corte Suprema de Justicia. Se busca coordinar tiempos para presentar un solo documento a las dos instancias.El secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, aseguró al final de la reunión de este miércoles que la exigencia de la póliza y la prohibición en el uso de capuchas y pinturas son puntos en los que aún no hay acuerdo porque, para el Distrito, restringen el derecho a protestar.“La propuesta presentada por el Gobierno Nacional contempla una serie de restricciones al ejercicio de la protesta y deberes sobre quienes manifiestan: la necesidad de solicitar una póliza civil extracontractual, la prohibición de utilizar pinturas o de utilizar implementos que cubran el rostro. En el criterio de la Alcaldía estos son asuntos que únicamente pueden ser resueltos por la ley, por una ley estatutaria que son las llamadas a regular derechos”, aseguró Luis Ernesto Gómez.Agregó que hay que diferenciar entre una posible restricción de derechos y el deber de la fuerza pública de identificar a quienes protagonizan actos vandálicos durante las manifestaciones.“Por supuesto que es impotente que se puedan identificar las personas en caso de que haya violencia, pero asemejar el uso de una capucha a un acto de violencia o prohibir el uso de la pintura en la protesta y demás antes de mejorar las relaciones entre la fuerza pública y la sociedad civil es un camino equivocado”.El Gobierno, por su parte, mantiene su propuesta de 19 páginas que fija reglas sobre el uso de armas. Según el texto, se prohíbe la utilización de armas de fuego para la Policía, tanto en el acompañamiento, como en la prevención e intervención de manifestaciones pacíficas. Además, señala que “en cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.Según el documento, el Esmad será el último recurso de intervención y deberá haber una capacitación en derechos humanos y en uso de armas para las personas que intervengan en las protestas. Tampoco se podrá estigmatizar la protesta social y se debe presumir la legalidad e intención pacífica.