JEP asegura que tiene las capacidades necesarias para garantizar la verificación de sus sentencias

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que continuará verificando el cumplimiento de las primeras sentencias condenatorias impuestas a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, pese a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió no renovar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en los puntos específicos sobre el monitoreo de sanciones propias y el cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.La JEP precisó que cuenta con un sistema autónomo de monitoreo y verificación, liderado por la Sección de Reconocimiento de Verdad y el Sistema de Monitoreo y Verificación de la Secretaría Ejecutiva, con capacidades técnicas y tecnológicas para hacer seguimiento en tiempo real al desarrollo de las sanciones propias.Dicho sistema permite supervisar en terreno las labores restaurativas ordenadas en las sentencias, como la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado y las acciones de reparación a las víctimas.“En la práctica, esta decisión no afecta el monitoreo ni la verificación de las sanciones propias. Durante los últimos años, de la mano con la Misión, diseñamos un mecanismo riguroso que combina trabajo en terreno con tecnología avanzada para registrar información en tiempo real, mientras los comparecientes realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, desminado y otras acciones restaurativas fijadas en las sentencias”, señaló el presidente de la JEP..En ese sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz celebró la renovación por un año más del mandato general de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, al tiempo que agradeció el respaldo mayoritario del Consejo de Seguridad a los avances de la justicia transicional y a la expedición de sus primeras condenas, dictadas en septiembre de 2025.Por último, este tribunal de justicia transicional señaló que la cooperación internacional y el acompañamiento de las Naciones Unidas han sido claves desde 2017 para fortalecer la implementación del Acuerdo Final de Paz y los estándares de seguimiento y transparencia en el cumplimiento de las sanciones.