JEP orden proteger a pueblos indígenas y afrodescendientes en Cauca y Valle

La JEP emitió más de 25 órdenes dirigidas a distintos ministerios y entidades del Gobierno para que se adopten medidas que permitan proteger a las comunidades indígenas y afrodescendientes que están acreditadas en el caso 05, el cual investiga la violencia en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.“Esta decisión judicial fue adoptada tras constatar la información aportada por las víctimas en los espacios de diálogo intercultural realizados en Santander de Quilichao en enero de 2024, así como en la audiencia pública llevada a cabo en Popayán en septiembre del mismo año, en la que intervinieron autoridades étnicas y delegados del orden nacional. En estos escenarios, las comunidades denunciaron la grave situación de violencia, vulnerabilidad y abandono estatal que enfrentan, y alertaron sobre un riesgo persistente de exterminio físico y cultural, agravado por la presencia de múltiples actores armados en sus territorios”, señala la JEP.Estas comunidades han denunciado ante la JEP casos de asesinatos, reclutamiento forzado, desplazamiento y casos de violencia contra las mujeres.“Como respuesta, y con el propósito de proteger los derechos de las víctimas en los 19 municipios priorizados de estos dos departamentos, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez emitió el Auto 004 de 2025, mediante el cual decretó medidas cautelares y dictó más de 25 órdenes urgentes dirigidas a ministerios y entidades del Gobierno nacional. Estas órdenes, en su mayoría concertadas con autoridades indígenas y afrocolombianas, buscan activar mecanismos de protección con enfoque étnico y ofrecer respuestas estructurales a las problemáticas expuestas”, señala la JEP.Estas órdenes están dirigidas a los ministerios del Interior, Defensa, Educación, Salud, Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural, así como la Unidad Nacional de Protección, la Oficina del Comisionado de Paz, entre otros.“La adopción de medidas cautelares se considera urgente e impostergable, pues la situación de inseguridad de las comunidades que habitan en los municipios es cada vez más crítica en los años de vigencia del Acuerdo Final de Paz. Las medidas concretas que se adoptarán se abordarán en relación con cuatro áreas y todas han sido previamente consultadas con las organizaciones indígenas y afrocolombianas priorizadas en el Caso 05: a) seguridad personal, b) enfoque étnico, c) reclutamiento y d) otras medidas en el marco de la seguridad humana”, dijo el magistrado Raúl Eduardo Sánchez.