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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó categóricamente que los tres menores fallecidos el 24 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, hubieran muerto en un bombardeo, como lo indicó Medicina Legal en un comunicado reciente. Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera aseguró que se trató de un combate directo entre tropas y un grupo armado, y no de una operación aérea.
“En agosto no hicimos bombardeos contra menores de edad. Fue un combate contra esos grupos”, afirmó el ministro. Según él, los menores estaban integrados en una estructura criminal vinculada a alias Chito o Dumber, que habría atacado a las tropas horas antes y cuyo accionar derivó, al día siguiente, en el secuestro de 34 militares.
La declaración tiene lugar en medio de una nueva controversia por la muerte de menores de edad en operaciones militares y plantea interrogantes sobre la comunicación oficial, los protocolos de distinción y la responsabilidad del Estado en escenarios de confrontación armada.
A la pregunta de por qué Medicina Legal reportó las muertes como resultado de un bombardeo, Sánchez respondió que ya había contactado al director de la entidad: “Le hice la aclaración. Me dijo que revisaría y que si era claro, lo aclaraba”, indicó. Para el ministro, se trató de “una mala interpretación” que llevó a difundir información inexacta.
Aseguró además que no le corresponde explicar por qué el informe forense habla de un bombardeo: “Hay que preguntarle a él”, dijo tras insistir en que desde el Ministerio la situación está “aclarada”.
El segundo foco de la entrevista se centró en el bombardeo del 1 de octubre en Puerto Santander, Amazonas, en el que Medicina Legal confirmó recientemente la muerte de cuatro menores, entre ellos —según denuncias de la Defensoría del Pueblo y de la congresista Katherine Miranda— una niña de 11 o 13 años.
Sánchez negó esa versión: “El reporte que me compartió Medicina Legal es de menores de 17, 14, 16 y 16 años”, dijo, asegurando que no mencionaba una niña de 11.
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Frente a la pregunta de por qué el Ministerio no informó al país la muerte de los menores desde el inicio, el ministro argumentó que solo hasta hace dos días Medicina Legal entregó el reporte final: “Teníamos indicios previos, pero era Medicina Legal la que tenía que decirlo”, sostuvo.
A la pregunta de a partir de qué momento dejan de ser niños y se vuelven blancos legítimos de bombardeos, el ministro respondió con una distinción legal:
“Las normas dicen que niños van de 0 a 12, y de 12 a 18 son adolescentes. Aquí no han muerto niños o niñas, son adolescentes”.
Añadió que la edad no es el criterio central, sino la participación activa en hostilidades: “Cualquier persona que se involucre en las hostilidades es un blanco legítimo”.
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Sánchez reconoció el dilema ético de estas operaciones: “Para mí no es fácil, para nosotros no es fácil”, dijo, pero recalcó que las Fuerzas Militares actúan bajo normas internacionales y bajo la premisa del principio de distinción.
A la pregunta directa sobre si el presidente Gustavo Petro y él mismo sabían de la presencia de menores en el objetivo del bombardeo, Sánchez respondió:
“Sabíamos que existía la probabilidad de que hubieran menores de edad”.
Explicó que la decisión se toma valorando la amenaza que representan estos campamentos en zonas donde los indicadores de violencia —homicidios, desplazamientos, extorsión y secuestros— se han agravado.
Allá hay una amenaza grande, crítica, con capacidad letal
El ministro insistió en que el foco del debate debería ser el reclutamiento forzado, práctica que calificó como un crimen de guerra y de lesa humanidad: “¿Qué delitos están cometiendo los que reclutan menores?”, preguntó.
Sin embargo, los entrevistadores recordaron que el Estado está obligado a actuar bajo estándares superiores, incluso frente a grupos criminales: “La diferencia entre el criminal y el Estado es que el Estado se rige bajo normas”, advirtieron.
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