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La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha solicitado formalmente al Gobierno nacional, incluyendo al Presidente de la República y al ministro de Defensa, que suspenda y evalúe los operativos de bombardeo militar. Marín enfatizó que esta petición no representa un abandono definitivo de los bombardeos, sino una pausa para examinar sus graves consecuencias. Esta declaración se produce en respuesta a la postura del gobierno, que ha manifestado que seguirá implementando esta herramienta militar.
La defensora subrayó que su solicitud surgió tras conocerse la muerte de múltiples menores de edad en recientes acciones militares. Según la información disponible, en tan solo dos bombardeos la semana pasada murieron al menos ocho niños, y en otros dos operativos posteriores aparecieron más menores fallecidos.
El centro de la preocupación de la Defensoría radica en el hecho de que la Fuerza Pública no puede continuar irreflexivamente con los bombardeos sin evaluar las consecuencias para los menores de edad que fueron previamente víctimas de reclutamiento. Estos adolescentes, que fueron reclutados forzosamente, se convierten hoy en objetivo militar.
La Defensora Marín indicó que, mientras antes la presencia de menores era una posibilidad hipotética, ahora es una realidad: al menos los últimos cuatro bombardeos han afectado a menores que habían sido víctimas de reclutamiento forzado. Esta es una consecuencia que, según ha reconocido el propio Gobierno nacional y el Presidente, no es deseable.
La Defensoría busca determinar si la planeación de estas operaciones consideró realmente la alta probabilidad de la presencia de menores en las filas y cuáles fueron las medidas tomadas para evitar su muerte. Marín mencionó que ha habido declaraciones contradictorias por parte de altos funcionarios, donde uno alega desconocer la presencia de menores, y otro dice que era presumible.
La suspensión solicitada tiene como objetivo principal implementar una evaluación exhaustiva, la cual, según la Defensora, aún no se ha realizado. Lo que se espera es que se tomen medidas adicionales de precaución para evitar que los menores mueran en estos ataques.
Marín explicó que la Fuerza Pública debe agotar otros mecanismos militares, utilizando medidas de inteligencia, pues no es admisible dar por sentado que la afectación a menores de edad sea un daño colateral admisible sin incrementar las medidas de precaución.
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La evaluación debe basarse en estrictos principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), tales como: el principio de necesidad militar, la necesidad imperiosa, la ventaja militar, el principio de precaución y el de humanidad. La Defensoría sostiene que no es admisible, ni ética ni jurídicamente, que haya habido cuatro bombardeos seguidos y en los cuatro hayan muerto menores de edad.
La Defensora Marín recalcó que el responsable principal de esta tragedia son los grupos armados ilegales y las disidencias, específicamente las de alias Mordisco, que han reclutado al mayor número de niños y niñas. El reclutamiento ha venido incrementándose desde el año 2023, lo cual coincide con una estrategia de expansión de estos grupos.
La Defensoría documenta los casos a través de su 'botón de reclutamiento'; actualmente, en 2024, han verificado 162 casos. Sin embargo, la cifra real (subregistro) es mucho mayor si se compara con las cifras de desvinculación reportadas por el ICBF.
Respecto a los motivos del reclutamiento, si bien no se puede afirmar que sea solo para evitar bombardeos, los menores son considerados "fáciles para la guerra" debido a su fragilidad, que los hace cumplir órdenes más fácilmente. Además, Marín criticó la "absurdidad" de que las disidencias utilicen la presencia de niños en sus filas para quejarse de los bombardeos, pues están cometiendo un crimen de guerra (reclutamiento forzado) y no pueden alegar su propio crimen como defensa.
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Escuche aquí la entrevista:
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