Un nuevo proceso judicial en el departamento de Caquetá ha puesto en alerta a las autoridades del sector salud. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia ordenó el embargo de recursos de la Nueva EPS por más de $422 mil millones, una decisión que, según la entidad, pone en riesgo la atención médica de millones de usuarios en todo el país.
De acuerdo con la Agente Interventora de la Nueva EPS, Gloria Polania, este tipo de medidas judiciales afectan directamente el funcionamiento financiero y operativo de la empresa, pues los recursos retenidos hacen parte del dinero destinado al pago de servicios de salud. En un comunicado, la entidad recordó que los fondos del sistema de salud son inembargables, según lo establece la ley y la Constitución, ya que tienen una naturaleza especial y deben usarse exclusivamente para garantizar la atención a los pacientes.
El juzgado de Florencia concentra casi el 46% de las demandas ejecutivas que existen actualmente contra la Nueva EPS, siendo además el que más embargos ha ordenado en el país. Entre las instituciones que han promovido estas acciones judiciales se encuentran la Clínica Médicos del Cesar, Avidanti S.A.S., Oncólogos del Occidente, Clínica Uros y la Fundación Cardio Infantil.
La entidad expresó su preocupación ante la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud y la Adres, argumentando que decisiones como esta vulneran el orden jurídico y afectan la sostenibilidad del sistema.
“El embargo de los recursos de la salud compromete el patrimonio público y, sobre todo, el derecho fundamental de los colombianos a recibir atención médica”, señaló la doctora Polanía, interventora de la EPS.
Finalmente, la Nueva EPS hizo un llamado a la prudencia judicial y a la responsabilidad de todos los actores involucrados, insistiendo en que las medidas deben respetar los principios constitucionales que garantizan la prestación continua de los servicios de salud a los más de once millones de afiliados que dependen de esta entidad en todo el territorio nacional.