Blu Radio conoció el pasado 27 de febrero el borrador de una circular de la Superintendencia de Transporte en la que le hace el llamado a todas las autoridades de tránsito para que cumplan la ley y combatan la informalidad e ilegalidad en el país.
Entre tanto, el Ministerio de Transporte también trabaja en un documento que, por ahora, es un borrador disponible a comentarios hasta el próximo 10 de marzo.
“Corresponde al Estado garantizar su debida prestación en condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad conforme a lo dispuesto en la Ley 336 de 1996. En ese orden de ideas, el servicio público de transporte debe ser prestado por empresas, legalmente constituidas y debidamente habilitadas por la autoridad de transporte competente y en vehículos homologados para el servicio público”, dice el documento.
Y es que el ministerio es claro en pedirle a las autoridades de transporte y tránsito el cumplimiento de sus funciones de inspección, control y vigilancia, en coordinación con las autoridades de control operativo y policivas, adelantando las acciones pertinentes que velen por el cumplimiento de las normas que regulan estas materias, por la adecuada prestación del servicio público de transporte e impidan toda operación que se presente d manera informal o ilegal y que afecten el servicio público esencial de transporte.
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En este momento, según la ley, “el servicio de transporte es un servicio regulado, vigilado y controlado por el Estado, que debe ser prestado por empresas de transporte legalmente constituidas y debidamente habilitadas por las autoridades de transporte competentes, con vehículos registrados para el servicio público de transporte y homologados por el Ministerio de Transporte”.
Esto último, y una vez se emita esta circular, afectaría la prestación del servicio del transporte público que se hace hoy por hoy ilegalmente el en país. Allí entrarían aplicaciones de transporte como Uber, Cabify, Didi, por mencionar algunas.
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Tanto la circular de la Superintendencia de Transporte, como la del Ministerio de Transporte, son producto de los acuerdos a los que se llegó entre las dos entidades con los taxistas en la reunión en la que se levantó el paro nacional.
La legislación para reglamentar las plataformas de transporte pasará exclusivamente por el Congreso de la República.
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