Los padres de algunos de los jóvenes que han muerto en medio de operativos de la Policía hablaron de una reforma a la institución y pidieron que los casos no sean investigados por la Justicia Penal Militar.
La primera en hablar fue Alejandra Medina, madre del joven estudiante Dilan Cruz, quien falleció en noviembre del año pasado cuando un miembro del Esmad disparó en medio de las manifestaciones.
La mujer pide que se cambie la doctrina militar para que “prime” el derecho a la vida. Propuso “reformar el Esmad y suspender inmediatamente a los militares que estén inmersos en investigaciones”, como en el caso del capitán Manuel Cubillos, que disparó contra su hijo.
Así como los premiaron cuando dieron los falsos positivos, que piensen cómo actuar, pues cuando sea de forma prohibida, van a tener un castigo
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De igual manera, pidió la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y del director de la Policía, Óscar Atehortúa.
Gustavo Trejos, padre de Diego Felipe Becerra, quien en 2011 murió luego de que el patrullero Wilmer Alarcón le disparara, manifestó que “la Policía no fue hecha para agredir o maltratar ciudadanos o para extorsionarlos”.
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Las armas de letalidad reducida las están usando es para torturar a las personas, vemos como a Javier Ordóñez le aplicaron 15 descargas. Una persona que está en el suelo, con dos policías encima y que no se puede ni mover, ¿qué necesidad?
Pidió que les hagan exámenes “psicológicos periódicos” a los policías “para ver si pueden ejercer su labor”. Dijo, además, que el caso de su hijo al principio lo presentaron como un falso positivo y también pidió que se le quite el “fuero militar” a la Policía y que las investigaciones se adelanten en la justicia ordinaria y no en la militar.
Trejos señaló que es importante quitar a la Policía las armas de letalidad reducida como las pistolas taser, que “básicamente para que lo usan los policías es para torturar a la ciudadanía, sin tener en cuenta sus derechos humanos” y añadió que en Colombia es más fácil que sancionen a un policía por dañar un radio o perder una moto que por abusar o asesinar a un ciudadano.
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A su turno, Ana Benilda Ángel, madre de Óscar Salas, quien falleció en medio de una protesta de estudiantes en la Universidad Nacional, dijo que no cree en la reforma a la Policía porque no se sabe quién regula a la institución y que son muchas las personas que “son asesinadas” y cuyas investigaciones no avanzan.
“Nunca hay una judicialización, nunca hay un perdón, nunca hay una reparación y las personas que estamos detrás somos olvidadas por el Estado y lo sufrimos”, expuso. Añadió: “¿A los casos de habitantes de calle quién los investiga? ¿Quién es el juez que juzga?”.
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