El abogado Eduardo Carreño, representante en el caso del secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba, calificó como “ajustado a derecho” el fallo judicial contra José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), condenado por su participación en los hechos.
Según Carreño, durante el proceso quedó plenamente demostrado que Narváez actuaba como asesor de la alta cúpula militar y era profesor de la Escuela Superior de Guerra, al mismo tiempo que mantenía vínculos directos con las estructuras paramilitares, particularmente con Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El abogado explicó que en el expediente hay pruebas que confirman que Narváez fue quien facilitó las grabaciones extraídas de la inteligencia militar, donde aparecía Córdoba en reuniones con voceros del ELN, material que habría sido utilizado para justificar su secuestro.
Carreño también recordó que Narváez mantenía una estrecha relación con los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, vínculo que, según el abogado, ha sido mencionado por distintos exjefes paramilitares y exagentes de inteligencia en sus declaraciones judiciales, en el marco de la alianza entre sectores del Estado y las estructuras de las AUC.
“Los paramilitares ratifican que Narváez era profesor en sus escuelas de formación. Si se corroboran las declaraciones de Salvatore Mancuso, 'HH', 'El Alemán', 'El Iguano' y otros jefes de las AUC, se evidencia que fue el instigador y coordinador del secuestro”, explicó Carreño.
De acuerdo con el abogado, los testimonios de los antiguos comandantes paramilitares ante tribunales de justicia confirman que Narváez articuló la participación de diferentes organismos de inteligencia estatal y recibió información de agentes del DAS sobre el paradero de Córdoba, lo que permitió su retención ilegal.
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