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En un pronunciamiento público, la defensora del Pueblo cuestionó el aporte a verdad que puedan hacer al menos 16 exjefes paramilitares, nombrados recientemente como gestores de Paz, al considerar que mezcla la verdad judicial de los excombatientes con la contienda electoral, lo que podría derivar en el uso político del dolor de las víctimas y de los procesos de reparación.
La funcionaria estructuró su preocupación en seis puntos principales:
Primero, advirtió que los compromisos de verdad, justicia, reparación y no repetición de los exparamilitares están regulados por la Ley de Justicia y Paz, con supervisión judicial. Sin embargo, la resolución propone un procedimiento administrativo y voluntario, sin control de jueces, lo que podría revictimizar a los afectados y generar excepciones indebidas a condenas penales, especialmente si se permite la salida temporal de prisión para realizar actividades territoriales.
Segundo, recordó que las víctimas no son un escenario político. Utilizar sus testimonios o sufrimientos con fines electorales resulta revictimizante si no existen garantías de acompañamiento institucional, consentimiento informado y mecanismos judiciales de protección y reparación.
Tercero, subrayó que la verdad no puede supeditarse al calendario electoral, ni condicionarse a la coyuntura política. Mezclar justicia y política, afirmó, mina la credibilidad de los procesos de verdad y deja la sospecha de revelaciones hechas con fines tácticos o electorales.
Cuarto, la defensora advirtió que no se pueden acelerar cronogramas ni realizar actos públicos o simbólicos sin asegurar la protección de las víctimas. Sin mediación judicial y sin garantías de seguridad, estas actividades podrían generar nuevos traumas o intimidaciones.
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Quinto, señaló que la justicia transicional no puede depender de decisiones unilaterales o intereses políticos. Las metodologías deben construirse con participación de las víctimas y con verdad judicial verificable. “No sirve un cierre por decreto ni anuncios rimbombantes si la estructura judicial no es robusta ni transparente”, indicó.
Finalmente, enfatizó que las víctimas deben ser protagonistas, no invisibilizadas. Rechazó que el debate se centre en los excombatientes y llamó al Gobierno, al Ministerio del Interior, al Comisionado para la Paz y al Congreso a garantizar que estos procesos no se desarrollen por fuera del marco judicial ni de los principios de protección y participación plena.
“La revelación de la verdad no puede ser una herramienta política más, sino una conquista colectiva de justicia, reparación y no repetición centrada en los derechos de las víctimas”, concluyó Iris Marín.
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