Dos días antes del escándalo por presuntas infiltraciones de las disidencias de las Farc en Calarcá, el Gobierno nacional expidió los decretos con los que designó a cuatro integrantes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) como gestores de paz.
Entre los beneficiados figuran alias Samir, señalado de participar en el ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia), y Danilo Alvizú, vocero del EMBF, cuya designación fue renovada justo antes de que se revelaran los polémicos chats que lo vinculan con jefes disidentes.
Las resoluciones, firmadas por el presidente Gustavo Petro el 21 de noviembre de 2025, les otorgan a los nombrados funciones de interlocución en el proceso de paz, pese a mantener órdenes de captura activas y antecedentes por delitos como homicidio, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas.
Aunque la resolución ordena “comunicar la decisión a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”, desde esa entidad aseguraron a W Radio que no tienen conocimiento del procedimiento ni de los alcances de esas designaciones, lo que profundiza las dudas sobre la coordinación institucional y la transparencia del proceso.
El hecho ha generado fuertes cuestionamientos por parte de víctimas, expertos y sectores políticos, que advierten sobre los riesgos de otorgar estatus oficial a cabecillas armados mientras continúan las denuncias por reclutamiento de menores, expansión territorial y control armado en varias regiones del país.
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La polémica se suma a las advertencias recientes de la Defensoría del Pueblo, que pidió que las decisiones presidenciales en el marco del proceso de paz se utilicen únicamente con fines humanitarios y no para favorecer la impunidad o facilitar la movilidad de grupos armados.
En medio del escándalo, el Gobierno defiende los nombramientos como parte de su estrategia de paz total, pero las contradicciones entre las resoluciones presidenciales y las respuestas institucionales reavivan las dudas sobre el verdadero control del proceso.