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La Consejería Presidencial para la Paz y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) sostendrán este jueves una reunión para analizar la viabilidad jurídica y operativa del traslado de Jorge Eliécer Díaz, alias 'Castor', cabecilla de Los Costeños, y de Digno Palomino, líder de Los Pepes, a centros carcelarios en la ciudad de Barranquilla.
El encuentro busca definir las condiciones necesarias para la formalización de un espacio de diálogo sociojurídico entre las dos estructuras, en el marco del proyecto de Paz Total que impulsa el Gobierno Nacional. Esta iniciativa pretende abrir canales de diálogo con actores armados urbanos y facilitar procesos orientados a reducir la violencia, fortalecer la seguridad ciudadana y promover la reintegración a la legalidad.
Según los planes preliminares, alias Castor y cerca de 45 integrantes de Los Costeños serían trasladados a la cárcel El Bosque, mientras que Digno Palomino y unos 30 miembros de Los Pepes serían remitidos a la cárcel La Modelo, ambas en Barranquilla.
La Consejería de Paz y el Dapre estudiarán los aspectos jurídicos, logísticos y de seguridad que harían posible dichos traslados, así como los mecanismos de seguimiento, acompañamiento institucional y verificación del proceso.
Sin embargo, la propuesta ha despertado críticas y preocupación en distintos sectores políticos y sociales, que advierten sobre los posibles riesgos de otorgar beneficios o condiciones especiales a cabecillas de organizaciones delincuenciales. Otros sectores, en cambio, destacan que el diálogo podría representar una oportunidad real para disminuir la violencia urbana y consolidar la Paz Total en el Caribe.
Este debate refleja las tensiones que acompañan los esfuerzos del Gobierno por ampliar la política de Paz Total hacia contextos urbanos, combinando estrategias de diálogo, sometimiento y justicia con acciones de seguridad y fortalecimiento institucional.
La eventual implementación de estos traslados marcaría un paso importante pero sensible en el proceso, al intentar que las estructuras criminales inicien un tránsito hacia la legalidad bajo un marco jurídico claro y con supervisión estatal, en medio del escrutinio público.
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