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Gobierno reconoció al pueblo raizal en San Andrés y Providencia como víctima del conflicto armado

Según la Unidad de Víctimas existen daños a los derechos colectivos, vinculados de forma directa e indirecta al conflicto armado.

Conflicto armado en Buenaventura
Conflicto armado / Imagen de referencia /
Foto: AFP

La Unidad para las Víctimas reconocerá al pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como víctima del conflicto armado y Sujeto de Reparación Colectiva. Es decir, que ahora el Estado deberá reparar y garantizar los derechos colectivos a la autonomía, la integridad cultural y al maritorio y territorio que fueron vulnerados en el marco del conflicto.

"El pueblo raizal relató la historia que hay detrás de la llegada del narcotráfico a las islas en la década de 1980, de las disputas territoriales, y de la instrumentalización y estigmatización que han sufrido sus navegantes y pescadores por el conocimiento que ostentan sobre el mar. A pesar de las decenas de testimonios de las y los raizales, de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, y de los diversos informes que retrataron -más recientemente- los escenarios de violencia ejercidos contra esta población declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, el pueblo raizal ha padecido las consecuencias del conflicto sin la atención adecuada del Estado", señala la Unidad de Víctimas.

El derecho a la autonomía fue vulnerado porque su ejercicio político se vio afectado por las afectaciones de sus líderes, también porque se impusieron patrones de conducta distintos a los de su cultura.

"Se afectó el derecho al territorio y maritorio porque las dinámicas de violencia derivadas del narcotráfico tuvieron un especial impacto sobre el mar “por la reconfiguración del maritorio y por el cambio de los significados y usos culturales y de protección ambiental”, dice el documento. Entre los daños individuales con efectos colectivos, la resolución enumera los siguientes: desaparición forzada, homicidio, delitos contra la libertad e integridad sexual, lesiones personales, esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, allanamientos, amenazas a la vida, a la integridad y a la seguridad personal, daño por racismo y discriminación racial, y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes", explica la Unidad de Víctimas.

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