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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó las amenazas, agresiones y ataques de grupos armados no estatales contra la población civil en Huila y Caquetá. Según Scott Campbell, representante en Colombia, los liderazgos sociales están acorralados, los niños y adolescentes son reclutados y las comunidades temen moverse o denunciar.
Durante una visita de cuatro días a la región, Campbell constató violaciones y testimonios que dan cuenta de la presión de los grupos armados: liderazgos declarados “objetivo militar”, control social en los territorios y reclutamiento de menores desde los 15 años, incluso dentro de colegios. La ONU advierte que la cifra real de reclutamiento es mayor, pues las familias no denuncian por miedo.
"La semana pasada vi el miedo en sus ojos. Los liderazgos sociales están acorralados, son privados de sus libertades a opinar o a moverse en el territorio. Hay amenazas, homicidios y desconfianza para denunciar ante las autoridades; hay extorsiones; los niños, las niñas y los adolescentes están siendo reclutados; no tienen paz", expresó el representante de esa oficina, Scott Campbell.
Las comunidades reclaman al Estado una presencia sostenida que garantice derechos básicos como educación, salud, agua potable, cultura y trabajo, además de reconocer el papel de las mujeres lideresas en la construcción de paz. En Belén, La Plata (Huila), cerca de mil personas fueron obligadas por un actor armado a manifestarse contra la presencia del Ejército, lo que evidencia la coacción directa sobre la población.
Campbell urgió al Estado colombiano a adoptar medidas eficaces para proteger a los civiles y prevenir el reclutamiento forzado, al tiempo que exigió a los grupos armados liberar a todos los menores de 18 años bajo su poder. “La población civil está atrapada y bajo amenaza de muerte”, advirtió.
"Los grupos armados no estatales nos dicen a los liderazgos, 'ustedes organizan las cosas como queremos o las organizamos nosotros'. En las zonas rurales da miedo ir a la huerta, da miedo ir a la escuela, da miedo hablar, da miedo caminar", afirmaron algunos de los amenazados a la Oficina de la ONU.
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En lo corrido de 2025, ONU Derechos Humanos ha verificado el asesinato de tres defensores de derechos humanos en Huila y dos en Caquetá. Como paso positivo, reconoció la creación en Huila de un Comité Departamental para prevenir el reclutamiento forzado, aunque advirtió que requiere financiación para su implementación.
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