Otty Patiño confirma diálogos con Venezuela para declarar "no gratos" a grupos armados ilegales

El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, confirmó que el Gobierno colombiano adelanta conversaciones con Venezuela para lograr un acuerdo de Estado que permita declarar como “organizaciones no gratas” a grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc en territorio venezolano.En diálogo con El Radar de Ricardo Ospina, Patiño explicó que el objetivo es que las autoridades del vecino país no toleren la presencia ni las actividades de estas estructuras criminales, que históricamente han operado en zonas de frontera. “Se busca que no haya tolerancia con la ilegalidad de ningún aspecto”, aseguró.El comisionado señaló que, aunque en el pasado se habían dado conversaciones parciales sobre este tema, el actual Gobierno de Gustavo Petro propone un enfoque distinto, basado en la cooperación institucional y no en la confrontación política. “Este Gobierno no va a emprender una guerra ni una conspiración como la del gobierno anterior, ni va a impulsar bloqueos que afectan a la población”, puntualizó.Según Otty Patiño, ya se han evidenciado acciones por parte de Venezuela, como incautaciones importantes de cocaína y operaciones contra redes criminales. Sin embargo, advirtió que la delincuencia en la frontera es de carácter binacional y que también involucra actores venezolanos.El acuerdo, que podría articularse con la reciente propuesta de una zona económica binacional en el Catatumbo, busca enfrentar la economía ilícita transnacional que financia a estos grupos. “El ELN intentó consolidar una retaguardia en el Catatumbo, como la tiene en Arauca (...) y creo que, hasta el momento, no lo ha logrado”, afirmó, destacando que la estrategia de paz ha debilitado sus planes.Patiño reconoció que la creación de una franja económica compartida también implica riesgos, como que estas organizaciones se apropien del territorio. No obstante, considera que la salida está en “pensar como Estados” para recuperar la soberanía y generar una economía legal que beneficie a las comunidades de ambos lados de la frontera.