Los responsables aceptaron por escrito su participación en esta práctica ilegal, expresaron arrepentimiento y se comprometieron a contribuir a la reparación de las víctimas.
Según la JEP, de 796 muertes reportadas en esa región, 604 fueron ejecuciones ilegítimas cometidas por 19 unidades militares de tres brigadas del Ejército.
La presión por mostrar resultados, los incentivos y la falta de controles permitieron que estas prácticas se consolidaran como parte de una estrategia criminal.
Entre los comparecientes que reconocieron responsabilidad hay dos mayores generales, un brigadier general, seis coroneles y varios oficiales de menor rango. Destacan los nombres de los generales Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Adolfo León Hernández Martínez, además de otros comandantes de batallones como La Popa y el Gaula Cesar.
Tres altos mandos no reconocieron su responsabilidad: el brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel (r) William Hernán Peña Forero. Sus casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, que definirá si los lleva a juicio, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.
En los próximos meses se llevará a cabo la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, en la que los comparecientes deberán reconocer públicamente los hechos y sus consecuencias. Este paso es clave para que las víctimas conozcan la verdad y avancen hacia la reparación.
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