Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
Atravesados con carteles en el sector del peaje La Gomez, en el municipio de Sabana de Torres, se encuentran transportadores y miembros de la comunidad que mantienen bloqueada la Troncal del Magdalena Medio en protesta contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande. La manifestación ha generado una gran congestión vehicular y un trancón de varios kilómetros en este corredor nacional.Desde las 6:00 a. m. de este lunes 16 de febrero, el gremio de volqueteros inició los bloqueos que se mantienen en varios puntos del Magdalena Medio, afectando la movilidad en municipios como San Alberto, Puerto Araujo y Sabana de Torres. Las protestas también se replican en otras localidades del Cesar, Norte de Santander, Santander y Boyacá.El corredor vial afectado conecta Puerto Salgar, Cundinamarca, con Curumaní, en el Cesar, por lo que el cierre impacta el transporte de carga y pasajeros en una de las principales rutas del país.Los manifestantes aseguran que la empresa KMA no ha vinculado mano de obra ni maquinaria local para las obras que se ejecutan en la concesión, pese a que, según afirman, llevan más de dos años adelantando trámites y entregando documentación para ser contratados.Rodolfo Patiño, conductor y vocero de los transportadores en Sabana de Torres, señaló que la empresa ha traído personal y equipos de otras regiones, dejando por fuera a los trabajadores locales.“Llevamos dos años presentando documentación y lo único que hacen es traer maquinaria y personal de afuera. Nos parqueamos todo el día esperando que nos den trabajo y no nos dan. En la noche no hay señalizadoras y es un peligro, en una vía nacional, poniendo en riesgo a todos”, expresó.El conductor aseguró que la decisión del gremio es mantenerse en protesta pacífica hasta obtener respuestas concretas. Una habitante de Sabana de Torres indicó que el gremio exige vinculación laboral, pero con garantías claras y sin la firma de pagarés.“Queremos trabajar, pero exigimos garantías y sin firmar ningún pagaré. No vamos a permitir que nos pisoteen. Esta protesta se está realizando en varios tramos porque todos queremos trabajar, pero con condiciones justas”, afirmó.Otro transportador hizo un llamado directo al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que intervengan en el conflicto.“Pedimos a la ANI y a los entes del Gobierno Nacional que nos pongan cuidado. En todo el 2025 no nos escucharon y ya vamos en 2026. Queremos participar en los proyectos de desarrollo del Magdalena Medio”, manifestó.El cierre de la Troncal del Magdalena Medio ha provocado largas filas de vehículos de carga, buses intermunicipales y particulares. Conductores reportan demoras de varias horas para cruzar el sector del peaje en Sabana de Torres.
Dos integrantes de las disidencias de las Farc se sometieron voluntariamente a la justicia en zona rural de López de Micay, en el departamento del Cauca. Tras una operación conjunta de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, los hombres, pertenecientes a la estructura ‘Jaime Martínez’, vinculada a las disidencias lideradas por Iván Mordisco, se presentaron ante las autoridades.Los hombres manifestaron su intención de abandonar las armas tras la presión sostenida de operaciones ofensivas en esta zona estratégica del departamento del Cauca. La entrega se produjo en una región marcada por el accionar de grupos armados ilegales, donde las comunidades han denunciado constantes riesgos por combates, explosivos y presencia de estructuras criminales.Durante el procedimiento, los sometidos entregaron un arsenal de armas, entre ellos 12 fusiles, dos pistolas, 26 proveedores y más de 600 cartuchos, además de dos granadas y cañones cortos para ametralladora M-60. También fueron puestos en manos de las autoridades artefactos explosivos improvisados, entre ellos dos cilindros con cerca de 50 kilos de explosivos cada uno, detonadores eléctricos y unos 600 metros de cordón detonante, material que representaba un alto riesgo para la población civil.Junto al armamento, se incautaron equipos de comunicación y elementos de intendencia utilizados por la estructura armada. Tras asegurar el área, los hombres recibieron atención médica y quedaron bajo custodia para iniciar su proceso judicial y eventual reintegración, en medio de los protocolos establecidos para este tipo de sometimientos.
Primero fue la prohibición de las manijas ocultas en los carros modernos y los volantes tipo yoke por parte de China para mejorar la seguridad al momento de un accidente de tránsito, y ahora Estados Unidos alza la mano y regula otra tecnología.Se trata del sistema automático de encendido y apagado del motor, conocido como auto stop/start, que dejará de estar incentivado por el gobierno de Estados Unidos tras una decisión oficial de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).A comienzos de 2025, el administrador de la EPA, Lee Zeldin, había anticipado que la administración de Donald Trump estaba considerando eliminar esta tecnología de las regulaciones federales. Ahora es oficial: el sistema deja de recibir incentivos regulatorios.¿Qué es el sistema auto stop/start y por qué se implementó?El sistema automático stop/start fue introducido por los fabricantes como una forma de cumplir con los objetivos federales de economía de combustible y reducción de gases de efecto invernadero.Su funcionamiento es simple:Apaga el motor cuando el vehículo se detiene por completo.Lo vuelve a encender cuando el conductor reanuda la marcha.Esto reduce el consumo innecesario de combustible durante el ralentí y mejora la eficiencia en tráfico con constantes detenciones.¿Qué cambió con la nueva decisión de la EPA?La Environmental Protection Agency anunció lo que calificó como “la mayor acción desregulatoria en la historia de Estados Unidos”.Bajo la nueva norma finalizada en febrero de 2026, se eliminaron todos los créditos “off-cycle”, incluidos aquellos vinculados al sistema auto stop/start.Estos créditos permitían a los fabricantes obtener puntos de cumplimiento por instalar tecnologías de ahorro de combustible, incluso si el impacto real variaba. Con la nueva regla, características como el stop/start ya no estarán incentivadas por la regulación federal.Zeldin afirmó: “El Endangerment Finding ha sido la fuente de 16 años de restricciones de elección del consumidor y billones de dólares en costos ocultos para los estadounidenses”.¿Desaparecerá por completo el botón de auto stop/start?La tecnología no está prohibida.Los fabricantes aún pueden incluir el sistema si así lo desean. Sin embargo, al ya no existir incentivos regulatorios, es probable que deje de venir de serie en muchos modelos y pase a ofrecerse como opción, si es que se mantiene.La decisión forma parte de un cambio más amplio en la política federal, alejándose de mandatos regulatorios sobre emisiones vehiculares y gases de efecto invernadero.
El expresidente estadounidense Barack Obama dijo durante una entrevista en un pódcast que los extraterrestres "son reales" pero no los ha visto en persona y negó que haya especímenes "escondidos" en la enigmática base militar 'Área 51' del estado de Nevada.Al final de una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, este le propone una ronda rápida de preguntas y respuestas y le plantea si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asiente, con un breve comentario: "Son reales, pero yo no los he visto".Y añade, sin entrar en más detalles: "Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EE.UU.".Después, el periodista le preguntó cuál fue la primera cuestión que quiso resolver cuando inició su presidencia, en 2009, a lo que Obama respondió con una sonrisa, retomando el hilo: "¿Dónde están los extraterrestres?".Obama, este domingo, ante la repercusión de esa respuesta, aclaró en Instagram que no vio "pruebas" de que los "extraterrestes hayan hecho contacto con nosotros" durante su presidencia, pero hizo una suposición "porque el universo es tan basto que es probable que haya vida ahí fuera".La CIA desclasificó en 2013 unos documentos que confirmaron la existencia de la base militar 'Área 51', creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.El secretismo que rodeó la base durante décadas generó un sinfín de teorías de la conspiración, entre ellas la de que albergaba tecnología de origen extraterrestre e información clasificada sobre ovnis.
Nu ha llegado a Colombia para quedarse, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas para los ciudadanos, quienes ven en este una alternativa a la banca tradicional y que para muchos no resulta suficiente para cumplir sus expectativas.Ante eso, en febrero de 2026 el banco del millonario colombiano David Vélez se posicionó en el quinto lugar del segmento de cuentas de ahorro en Colombia por cantidad de saldo, con lo que es el único neobanco dentro del top 10, mismo que siempre ha sido liderado por la banca tradicional.Y es que desde su llegada a Colombia en 2020 el crecimiento del neobanco ha sido exponencial, pues al cierre del año 2025 ya alcanzó los cuatro millones de clientes, tanto en cuenta como en tarjeta de crédito y créditos personales, lo que significa que ya atiende al 10 por ciento de la población adulta y alcanza cobertura en todos los departamentos.Ante eso, Nu ha confirmado una serie de beneficios importantes para sus usuarios, lo que le ha permitido contar con mayor atractivo entre sus clientes.Beneficios por tener NuMuchos colombianos prefieren abrir su cuenta en Nu, ya sea por un CDT o por tener una tarjeta de crédito que les permita acceder a más beneficios; entre ellos, quienes compren a 2, 3, 6, 9 o 12 cuotas no pagarán intereses si adquieren productos en comercios aliados como Mercado Libre, Samsung, Specialized, entre otros.Asimismo, periódicamente Nubank ofrece promociones y descuentos en algunos comercios, como en Starbucks con un 20 % de descuento los lunes, martes y sábados pagando con tarjeta débito o crédito.Nu cuenta con dos tarjetas: prometen no negársela a casi nadieNu reveló el pasado 20 de octubre que ofrecerá dos nuevas tarjetas de crédito con las que busca que más personas puedan acceder al sistema financiero del país, así como dos líneas de préstamos personales desde $100.000 hasta $45 millones.Las dos tarjetas son:NuControl: ofrece cuotas de manejo bajas combinadas con tasas de interés diferenciadas, pensada para ayudar a construir historial crediticio a quienes antes no habían sido aceptados. Con NuControl, Nu puede aprobar entre el 40 % y el 60 % de las solicitudes.Morada Abrecaminos: es la solución para quienes no tienen historial crediticio o cuentan con un reporte negativo en DataCrédito. Funciona con un depósito de respaldo: el usuario obtiene cupo según lo consignado en su Cuenta de Ahorros Nu. Este piloto busca dar acceso a la gran mayoría de colombianos que hoy quedan por fuera del sistema.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
Pasaron casi dos meses desde que al menos 200 familias de excombatientes que se encuentran en el ETCR de Mesetas, en el Meta, anunciaron que se desplazarían forzosamente por las amenazas de las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.Es por esto que estas personas en los próximos meses serán trasladadas a un predio en Acacías, Meta, que fue entregado este jueves, 1 de junio, a los reincorporados; un total de 1.460 hectáreas de tierra con vocación agrícola.En la entrega del predio estuvo Rodrigo Londoño, conocido durante el conflicto como 'Timochenko', y ahora presidente del Partido Comunes, creado tras la firma del acuerdo de paz.“Más allá del proceso de reincorporación, renace la esperanza de que se implemente el acuerdo de paz en su integralidad, ese es el significado importante a histórico y significa que acertamos al firmar el acuerdo de paz entre las extintas Farc y el Estado colombiano”, señaló Londoño.Por otro lado, 'Timochenko' aseguró que confía en que se va a resolver positivamente la situación de otros firmantes de paz que también han denunciado amenazas o riesgos en su seguridad y se refirió a dichas amenazas contra firmantes del acuerdo por parte de los grupos armados.“Si de verdad quieren construir paz, hay que hacerlo con actos de paz y no de guerra”, señaló Londoño a Blu Radio."Crecer", el objetivo de los excombatientes que llegan a Acacías, Meta'Coagran', un proyecto creado por excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc que usó los recursos de la reincorporación para generar desarrollo en el campo, especialmente en Mesetas, Meta, donde se encontraban hace unos días. Fueron 79 familias que decidieron unirse para comprar algunos animales y dedicarse a la ganadería en esta zona. Ahora, este grupo ha sido trasladado a Acacías, en el mismo departamento, para que continúen con su proyecto productivo.“Ya trajimos nuestros animales los tenemos aquí en el terreno, 297 animales entre grandes y pequeños y la producción que estábamos sacando allá actualmente eran 200 y 300 litros, ahora con el estrés del ganado por el traslado tocó soltar algunos animalitos para que no se enfermaran y se recuperaran, entonces las que estamos ordeñando nos están produciendo 120 litros de leche”, explicó José Alirio Melo, integrante de Coagran.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
'Coagran', un proyecto creado por excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc que usó los recursos de la reincorporación para generar desarrollo en el campo, especialmente en Mesetas, Meta, donde se encontraban hace unos días. Fueron 79 familias que decidieron unirse para comprar algunos animales y dedicarse a la ganadería en esta zona. Ahora, este grupo ha sido trasladado a Acacías, en el mismo departamento, para que continúen con su proyecto productivo. ¿Por qué tuvieron que ser trasladados estos excombatientes en el Meta?Hace dos meses las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco' amenazaron a los firmantes del acuerdo en Mesetas, Meta. Después de mucho tiempo, este jueves, 1 de junio, fueron trasladados a un predio en Acacías, en el mismo departamento. En total fueron 1.460 hectáreas de tierra productiva las que les entregaron; en el lugar ya se encuentran los animales y los líderes de este proyecto que vieron gravemente afectados por las amenazas."Queremos crecer", el deseo de estos excombatientes en el Meta“Ya trajimos nuestros animales los tenemos aquí en el terreno, 297 animales entre grandes y pequeños y la producción que estábamos sacando allá actualmente eran 200 y 300 litros, ahora con el estrés del ganado por el traslado tocó soltar algunos animalitos para que no se enfermaran y se recuperaran, entonces las que estamos ordeñando nos están produciendo 120 litros de leche”, explicó José Alirio Melo, integrante de Coagran.En el mismo sentido, Melo explicó que tras el traslado esperan que su proyecto productivo pueda crecer mientras trabajan la tierra, para beneficiar no solo a los reincorporados sino a la comunidad en el territorio.“Aspiramos a que este proyecto, ya teniendo un terreno propio, manejando nosotros mismos nuestras cosas pues le vamos a dar un mejor uso para poder que el proyecto crezca y la idea es subir en escala y mejorar la calidad de los productos”, explicó MeloLe puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
El Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, publicó su más reciente informe sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia donde registraron 69 crímenes este año, y, aunque advierten que hay una leve disminución estos hechos, también alertaron que las masacres podrían estar aumentando al finalizar el año 2023. Por lo que proponen una necesidad de fortalecer las dinámicas de contención de violencia.Camilo González, director de Indepaz, en diálogo con Blu Radio aseguró que este año: "El mes más difícil fue en abril, cuando se presentaron 22 víctimas y el mes de mayo 10 casos. Hemos tenido en los primeros meses del año una tendencia de alrededor de 10 víctimas mensuales. El año pasado el promedio mensual fue 17, hasta el inicio del gobierno Petro y luego a final de año, desde agosto para acá, se mantuvo más o menos con un promedio de 15 víctimas mensuales.”Además, agregó que en medio del proyecto de paz total del Gobierno Petro se ha logrado un "pequeño desescalamiento de actos violentos" en las zonas donde hacen presencia los grupos armados con quienes se adelanta ese proceso, pero la violencia no se ha logrado revertir en firme por lo que se requiere “fortalecimiento de todas las dinámicas entre el Gobierno y la ciudadanía”.En cuanto a las masacres, el director González advirtió que el año pasado se presentaron 69 masacres y en el 2023 han registrado 40 en total: “Quiere decir que tenemos un panorama difícil ahí, con posibilidades de que sean superiores este año al del año pasado”, advirtió.Sobre la situación de si se ha logrado revertir la dinámica de violencia que se venía presentando en el 2022 en Colombia, Indepaz tiene un panorama de incremento de masacres, se intensifican los casos de desplazamiento forzado y las víctimas de minas antipersonas. Pero la violencia también se estaría multiplicando en la vida común y cotidiana, más allá del conflicto armado.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
La magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) María del Pilar Valencia, les respondió a las víctimas que piden justica en el caso del exgobernador de Sucre Salvador Arana, a quien se le concedió libertad condicional por su aporte a la verdad y por reconocer su responsabilidad directa en el asesinato del alcalde de El Roble Eudaldo Díaz, caso por el que está condenado.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la magistrada Valencia aclaró que “no hay exoneración definitiva” a Arana por admitir su autoría en el hecho y que, por el contrario, es el comienzo de una nueva etapa en el proceso que se adelanta en la Jurisdicción.“Con esta decisión no se está terminando ni concluyendo el caso, es a penas el comienzo a una nueva etapa procesal. Con la participación de las víctimas y con los elementos que ellos aporten se seguirá contrastando la información”, comentó.¿Por qué se le concedió libertad condicional?Según explicó la magistrada, Salvador Arana ya había sido admitido como compareciente, pero una de las exigencias “para gozar de la libertad transitoria condenada y anticipada”, son los aportes “efectivos, suficientes y novedosos” a la verdad para la correspondiente reparación a las víctimas.“Luego se hará una valoración de dichos aportes, pero efectivamente aportó información sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que sucedieron algunos de los acuerdos que terminaron en crimines, como homicidios selectivos y masacres”, detalló en Mañanas Blu.Recalcó que esta medida se tomó en el marco de la sala de definición de situaciones jurídicas, que es importante en este caso porque es allí donde, según mencionó la magistrada Valencia, se define la comparecencia y los beneficios provisionales de terceros que pudieron tener un grado de responsabilidad en la violación de derechos humanos dentro del conflicto armado del país.Después de 20 años Salvador Arana reconoció su autoría en el crimen“Él, hasta el final, ya siendo condenado, sostenía su inocencia, pero en los procedimientos internos de la JEP él aceptó, después de 20 años, su autoría intelectual y apoyo económico a quienes efectuaron el homicidio. No solo develó su participación directa, sino que hizo una serie de aportes acerca del entramado de relaciones entre políticos y paramilitarismo que derivaron en el homicidio”, agregó la magistrada de la Jurisdicción.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.