Después de que se presentara el informe anual de Human Rights Watch, el subdirector de la División de Américas, Juan Pappier, habló con Blu Radio sobre la radiografía de la paz total, la violencia en el país y los retos que tiene el Gobierno.
Pappier lamentó que, contrario a las expectativas generadas por la implementación de la política de "paz total" del presidente Gustavo Petro, la violencia ha persistido y, en algunos aspectos, se ha intensificado desde 2018. Aunque ha habido una disminución en indicadores como desplazamiento forzado y confinamiento, se ha observado un aumento en reclutamiento infantil, secuestros y extorsiones.
"Laviolencia ha llegado a niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz con la Farc, es decir, el año 2011-2012. Este aumento de la violencia, estos abusos que ocurren en los territorios colombianos, no han cesado durante la política de paz total que ha implementado el presidente Gustavo Petro", dijo en funcionario.
La crítica de Human Rights Watch no se limita solo a los grupos armados; también abarca a la fuerza pública. Se señala que la política de seguridad implementada por el expresidente Iván Duque no fue exitosa y permitió la expansión de los grupos armados. Aunque el presidente Gustavo Petro ha intentado cambiar esta política, aún no ha logrado establecer una estrategia sólida para proteger a la ciudadanía.
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"El presidente Gustavo Petro ha buscado cambiar esa política de seguridad, pero todavía no ha logrado una política de seguridad sólida en el territorio, enfocada en proteger a la ciudadanía, en proteger a los colombianos que viven en el Pacífico, que viven en el Bajo Cauca antioqueño, en regiones del país que sufren altos indicadores de violencia. Lo que necesitamos es que la policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía puedan trabajar en conjunto para tener estrategias claras de protección de la ciudadanía en el terreno y de judicialización estratégica para ir en contra de estos grupos criminales que operan en el país y buscar desmantelarlos, investigando su financiamiento, sus economías ilícitas y sus vínculos con funcionarios corruptos a nivel local que muchas veces los permiten prosperar", comentó Pappier.
Y es que más de 60.000 colombianos se vieron confinados en 2023 debido al fuego cruzado y amenazas de grupos armados, impactando gravemente la vida de estas comunidades.
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Juan Papier criticó el trabajo de laFiscalía que se ha quedado corto en la judicialización de abusos cometidos por la fuerza pública en años anteriores, particularmente durante el paro de 2019, 2020 y 2021.
"Creo que la Fiscalía está en deuda en lograr resultados suficientes en materia de judicialización de los abusos que cometió la fuerza pública en años pasados en Colombia. Valoramos que se intentó judicializar e imputar a soldados en el caso del remanso, que es una masacre que hemos documentado en terreno, pero lamentablemente ese caso ha quedado en el limbo entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria, lo cual facilita la impunidad en el país", concluyó Pappier.
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