El senador colombo-estadounidense Bernie Moreno reveló que impulsa sanciones personales contra el presidente Gustavo Petro y sus familiares más cercanos, en lugar de imponer aranceles generales a Colombia.
“Vamos a ponerlo a él, a su familia extendida y a sus facilitadores en la lista OFAC, y vamos a designar carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas”, afirmó anoche en entrevista con Fox News.
De acuerdo con versiones diplomáticas, el Gobierno de Estados Unidos habría elaborado un borrador con más de un centenar de nombres de personas vinculadas política o familiarmente al mandatario colombiano.
“Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a continuar investigando eso y a acelerar la investigación”, aseguró Moreno, quien además advirtió que “el presidente Trump no va a tolerar que sigan enviando droga a Estados Unidos para asesinar a nuestros ciudadanos”.
El congresista explicó que su iniciativa, conocida de manera informal como los PetroTariffs, busca “golpear a Petro, pero no al sector privado colombiano”. Las sanciones incluirían la congelación de activos y la prohibición de realizar transacciones financieras en territorio estadounidense, siguiendo el modelo de la llamada “Lista Clinton”.
Fuentes en Washington confirmaron que la Casa Blanca aún no ha publicado la lista definitiva de sanciones ni los nuevos aranceles para Colombia, debido a tensiones internas entre republicanos y demócratas. Algunos sectores del Congreso intentan convencer al expresidente Trump de no castigar a todo el país por sus diferencias con Petro. Sin embargo, el proyecto de Moreno, que se tramitaría por vía fast track, podría escalar rápidamente si logra apoyo bipartidista.
Por ahora, el clima político en Washington se mantiene tenso, mientras las relaciones entre Bogotá y la administración Trump entran en un terreno de máxima incertidumbre.
Cancillería confirma “primer acercamiento” entre Colombia y Estados Unidos tras el impase diplomático
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la reunión entre el presidente Gustavo Petro, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, y el encargado de negocios norteamericano en Bogotá, John McNamara, concluyó con un ambiente de diálogo y cooperación. Según el comunicado, “este es el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales” y se acordó mantener nuevos encuentros para alcanzar una “pronta solución”.
Durante la conversación —descrita como “larga, franca y constructiva”— el presidente Petro reiteró el compromiso del Gobierno colombiano con la ampliación del programa de sustitución de cultivos ilícitos y subrayó su importancia como estrategia de desarrollo rural y de paz. Asimismo, insistió en que Estados Unidos base sus análisis antidrogas en cifras verificadas, recordando que la comisión contratada por el propio Gobierno colombiano para medir la producción de hoja de coca incurrió en errores metodológicos reconocidos incluso por Naciones Unidas.
El mandatario explicó que esa comisión “sumó la producción de hoja de coca en todos los segmentos”, lo que generó una sobreestimación y la falsa percepción de un incremento en los cultivos ilícitos. En contraste, el Ejecutivo colombiano presentó datos que muestran una tendencia a la reducción sostenida: el crecimiento de los cultivos pasó del 43% en 2021 al 13% en 2022, 9,8% en 2023 y solo 3% en 2024.
En materia de incautaciones, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que Colombia logró un aumento del 19% en 2024, consolidando al país como el gobierno que más cocaína ha confiscado, tanto en volumen como en proporción al área cultivada.
Las dos delegaciones ratificaron su intención de fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra las drogas, apostando por una estrategia coordinada que combine interdicción, desarrollo rural y justicia social.
En cuanto a los posibles aranceles anunciados por el expresidente Donald Trump, el encargado de negocios estadounidense aclaró que “se trata de una decisión que le corresponde exclusivamente al presidente Trump”, dejando entrever que el tema sigue en evaluación política dentro de Washington.