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Ante el despacho del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, el presidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda presentó una alerta temprana sobre lo que consideran una grave ruptura del orden constitucional en Colombia por cuenta de la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popular por decreto.
El documento que fue enviado por el abogado Víctor Mosquera Marín (apoderado de Cepeda), en conjunto con la Fundación Derechos y Justicia Asociados, señala que esta decisión del primer mandatario constituye “una amenaza real, verificable e inminente al principio de separación de poderes, consagrado tanto en la Constitución Política de Colombia como en los principales instrumentos internacionales que garantizan la democracia representativa y el Estado de Derecho, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, al intentar revivir una propuesta que fue negada por la Plenaria del Senado conforme a los procedimientos constitucionales y legales.
La comunicación, enviada el 4 de junio, enumera una serie de declaraciones públicas hechas por el presidente Petro entre diciembre de 2024 y junio de 2025, en las que acusó a Cepeda de promover un "golpe de Estado", sabotear reformas y actuar en favor de intereses económicos.
En uno de sus discursos, incluso calificó al senador como “Cepeda el malo” y amenazó con que “el pueblo va a borrar a esos congresistas de la historia de Colombia”.
Para los denunciantes, estos hechos configuran no solo un acto de intimidación y desprestigio contra el Congreso, sino también una usurpación de funciones por parte del Ejecutivo, al pretender imponer una consulta popular sin cumplir los pasos constitucionales requeridos: aprobación del Senado y control previo de la Corte Constitucional.
Cabe recordar que el pasado martes, ocho partidos políticos con representación en el Congreso, entre ellos el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Liberal, suscribieron una declaración conjunta en la que también calificaron el anuncio presidencial como un posible "golpe de Estado institucional".
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Finalmente, se le solicita a la ONU que emita tome nota del riesgo institucional conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Interamericana de Derechos Humanos, emita un pronunciamiento preventivo, exhorte al respeto del orden constitucional colombiano, la separación de poderes y la preservación de la democracia representativa como garantía institucional de los derechos humanos; y pida explicaciones formales al Gobierno Nacional sobre los fundamentos jurídicos del decreto anunciado.
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