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La Procuraduría General de la Nación le pidió al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y al de Minas, Andrés Camacho, que entreguen un informe detallado sobre el estado actual y las alternativas de saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
En este caso, el Ministerio Público lo que busca establecer cómo se gestiona la deuda de este fondo, cuyo pago impacta directamente en los precios de la gasolina y el diésel para tapar el hueco fiscal del país. La petición a los dos jefes de estas carteras tiene que ver con las alternativas consideradas, en coordinación con otros sectores, para resolver la deuda sin recurrir al ajuste de los precios de los combustibles al nivel internacional.
"El Fondo de Estabilización juega un rol crucial en la estabilización de los precios de los combustibles, compensando a productores e importadores por la diferencia entre los precios internacionales y nacionales," según el ente de control.
Además, la Procuraduría pidió una explicación detallada de las alternativas analizadas por el Gobierno nacional para garantizar la sostenibilidad fiscal del Fondo de los Combustibles. También este análisis debe incluir propuestas específicas para la estabilización y fijación de precios de la gasolina y diésel.
Finalmente, le pidieron al ministro Bonilla que confirme si se contempla un plan de inversión social con los recursos del fondo, que dejarán de ser utilizados como subsidios directos a los combustibles líquidos, es decir, como subsidios implícitos.
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